El juez federal Martín Cormick impuso una multa de $100.000 diarios a Diego Santilli, en su carácter de jefe de Gabinete, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución hizo efectivo un apercibimiento previo ante la falta de cumplimiento de la orden judicial.
La medida exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado la aplicación de sanciones al considerar que el Gobierno todavía no había cumplido con esas obligaciones.
Multas diarias por incumplir la cautelar
Cormick dispuso una sanción inicial de $100.000 por cada día de demora y advirtió que podrá modificar el monto o ampliar la cantidad de funcionarios alcanzados. Las denominadas astreintes son multas judiciales que buscan presionar al cumplimiento de una obligación.
La decisión se tomó luego de que vencieran los plazos otorgados al Gobierno para cumplir con la medida, que había sido confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El CIN reclamó que se hiciera efectivo el apercibimiento tras las intimaciones previas.
La cautelar sigue vigente mientras se resuelve la disputa de fondo
En paralelo, la Cámara debe analizar la apelación del Estado contra otro fallo de Cormick, que declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad de recursos presupuestarios.
Sin embargo, esa discusión no suspende la cautelar sobre salarios y becas. La medida provisoria quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario presentado por el Estado el 25 de junio.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 establece que los salarios docentes y no docentes deben recomponerse para compensar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. Según el cálculo citado en el expediente, la actualización representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025. Además, la norma contempla ajustes mensuales según la inflación.
La cautelar también ordena recomponer y actualizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. Si bien el Gobierno sostuvo que había cumplido con la medida y presentó argumentos sobre los aumentos salariales y las negociaciones con los gremios, el juez consideró que no se había acreditado el cumplimiento integral de las obligaciones.