Este miércoles, la Cámara de Diputados dará el puntapié inicial para tratar una de las iniciativas clave en la agenda económica del Gobierno: la reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.
A partir de las 10 de la mañana, un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente —presidida por el libertario José Peluc— y de Asuntos Constitucionales —encabezada por Nicolás Mayoraz— comenzará a debatir el proyecto que ya cuenta con el aval del Senado (aprobado el pasado 26 de febrero con 40 votos a favor y 31 en contra).
El objetivo central de la Casa Rosada es dar una señal de previsibilidad jurídica a los mercados internacionales. La estrategia oficial apunta a que el presidente Javier Milei pueda exhibir este avance legislativo durante el evento “Argentina Week 2026”, que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo, funcionando como un imán para atraer capitales vinculados a la megaminería y los hidrocarburos.
Los puntos clave de la reforma
La normativa actual, vigente desde 2010, protege tanto los glaciares visibles como los ambientes periglaciares (suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos). El nuevo proyecto propone un cambio de paradigma para flexibilizar estas restricciones, un pedido expreso de los gobernadores de provincias cordilleranas.
Las principales modificaciones que introduce el texto son:
- Redefinición de áreas protegidas: Elimina la prohibición automática de actividades extractivas en las zonas periglaciales. Solo quedarán protegidas aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobable como “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua”.
- Autonomía provincial: Transfiere facultades a las provincias para que decidan qué zonas específicas proteger y cuáles habilitar para la explotación, reduciendo la intervención del Estado Nacional.
- Creación de un Inventario Nacional: Estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía, que actuará como autoridad de aplicación.
- Evaluación ambiental: Las actividades económicas en zonas no protegidas requerirán, de todos modos, la aprobación de una evaluación de impacto ambiental.