El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la presentación de una denuncia penal contra los manifestantes que protagonizaron los violentos incidentes registrados durante la 5° Marcha Federal Universitaria, llevada a cabo el último jueves en las inmediaciones del Congreso. Los cargos presentados ante la Justicia incluyen resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.
La multitudinaria movilización, que tenía como eje principal el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, finalizó con graves disturbios, decenas de detenidos, personal de las fuerzas de seguridad con lesiones y severos destrozos en el espacio público. Según la información recabada por la Agencia Noticias Argentinas, la presentación judicial argumenta que diversos grupos actuaron con los rostros cubiertos y utilizaron objetos contundentes para agredir a los efectivos federales.
Además, la cartera de Seguridad sostiene en su escrito que los desmanes no fueron hechos aislados, sino que ocurrieron en plena sesión del Congreso con el presunto objetivo de “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” prevista para esa jornada. En este marco, el Gobierno avanza con la recopilación de fotografías y videos de las cámaras de seguridad para lograr la identificación precisa de los responsables.
Detenidos y efectivos heridos
Los fuertes enfrentamientos en las calles aledañas al palacio legislativo dejaron un saldo de al menos 25 personas detenidas. Entre los procedimientos policiales, destacó la demora de un adolescente de apenas 14 años, quien fue señalado por arrojar piedras contra un móvil en la intersección de las calles Montevideo y Bartolomé Mitre.
Por otra parte, el operativo de seguridad culminó con ocho uniformados heridos producto de los piedrazos y proyectiles lanzados por grupos que se desprendieron de la columna central de la marcha. Los lesionados pertenecen a distintas fuerzas federales: cuatro de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y dos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Daños por 90 millones de pesos
Las consecuencias de los incidentes también se reflejaron en la infraestructura de la Ciudad. Según un relevamiento preliminar realizado por el Gobierno porteño, los destrozos ocasionados durante la desconcentración y los disturbios alcanzan los 90 millones de pesos.
Los principales sectores vandalizados y afectados incluyen el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la emblemática Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores, un costo que ahora buscará ser compensado tras la identificación de los involucrados en la causa penal.