El presidente Javier Milei anunció este jueves que el Gobierno endurecerá las sanciones contra las empresas petroleras que participen en proyectos de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Durante una cadena nacional, el mandatario sostuvo que esas compañías no podrán operar en la Argentina y que, además, quedarán expuestas a procesos judiciales en ausencia.
Milei confirmó que firmará un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659 contra las empresas involucradas en iniciativas de explotación de petróleo en el archipiélago. En ese marco, aseguró que el Estado utilizará “todas las herramientas” diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a actores estatales y privados que, según planteó, afecten la soberanía argentina sobre las islas.
El Presidente también destacó las gestiones realizadas por la Cancillería y señaló que ya fueron enviadas cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con distintos proyectos en Malvinas. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó al comienzo de su mensaje, y sostuvo que no alcanza con mantener el reclamo diplomático.
En paralelo, Milei anunció que dispondrá mayores recursos para el Ministerio de Defensa mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades de comunicación en esa zona. Según explicó, la medida forma parte de una estrategia destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino en el extremo sur del país.
Finalmente, el mandatario lanzó duras críticas contra el Reino Unido y sostuvo que el país europeo “transita un camino de declive”, en contraste con la situación que, según su visión, atraviesa la Argentina. Milei remarcó que la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye un objetivo que “trasciende a cualquier gobierno” y reclamó la coordinación de los organismos estatales y la implementación de herramientas legales para proteger los recursos argentinos.