El Gobierno Nacional intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en los distintos puertos del país. La medida busca destrabar un fuerte conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado y que mantiene frenado el tránsito de más de 100 embarcaciones de carga con granos, insumos energéticos y diversas mercaderías.
Ante la profundización del impacto económico que la huelga genera en el comercio internacional de la Argentina, la Prefectura Naval Argentina (PNA) —en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria— notificó de manera individual a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular con carácter de urgencia.
Desde la fuerza de seguridad fueron contundentes y advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales. Las mismas se enmarcan en los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, delitos cuyas penas contemplan hasta ocho años de prisión.
Las claves del nuevo régimen de desregulación
La huelga del sector técnico se desencadenó como respuesta directa a la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. Esta normativa derogó la reglamentación que se encontraba vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.
Entre los puntos más salientes de la polémica reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la PNA, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores.
Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones. El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos —que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido—, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques.
Frente a este nuevo marco normativo, las agrupaciones sindicales del sector resolvieron mantener la suspensión total de tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta que la administración central deje sin efecto el decreto en cuestión.