En medio de un clima de creciente tensión política con La Libertad Avanza, el PRO decidió judicializar lo ocurrido en la Cámara de Diputados y presentó un amparo para frenar la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN).
La presentación judicial fue impulsada por Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del partido fundado por Mauricio Macri. El escrito advierte sobre una presunta violación de la Constitución Nacional y sostiene la necesidad de “defender la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”.
Los argumentos de la nulidad
El punto central del reclamo del PRO radica en que los nombramientos se realizaron “fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias”, lo que constituiría una violación directa del artículo 63 de la Carta Magna, ya que “el decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”.
Ritondo calificó el procedimiento de “abiertamente inconstitucional” y criticó duramente las formas: la votación se concretó cerca de las tres de la mañana del jueves, “sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales”.
Para el legislador, estas irregularidades convierten al acto en “nulo de nulidad absoluta”, afectando los derechos políticos de los diputados y quebrando el equilibrio de control del Estado.
Qué pide el PRO
En la resolución presentada ante la Justicia, se solicitó una medida cautelar urgente para impedir que los auditores designados asuman o actúen en la AGN hasta que exista una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
Cabe recordar que la terna cuestionada, que fue avalada con 186 votos a favor, está conformada por Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (vinculado a Máximo Kirchner) y Pamela Calletti (Innovación Federal).
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