Envalentonado por una semana de victorias legislativas clave —como la aprobación de la Reforma Laboral en el Senado y la media sanción de la baja de imputabilidad en Diputados—, el Gobierno de Javier Milei decidió avanzar sobre otro frente sensible: el presupuesto educativo. El Ejecutivo enviará al Congreso una nueva Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de tratarla antes de que finalice febrero.
La estrategia oficial apunta a resolver el conflicto de fondo con las altas casas de estudio mediante una solución política, desactivando así la batalla judicial en curso. Cabe recordar que el Gobierno apeló recientemente una medida cautelar que lo obliga a actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias según la normativa vigente (aprobada en 2024 tras el rechazo al veto presidencial).
Negociaciones contrarreloj con el CIN
Para garantizar el éxito de la iniciativa, funcionarios de la Casa Rosada, encabezados por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, abrieron una mesa de negociación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El objetivo es consensuar un texto que ofrezca “garantías jurídicas” a las universidades y, al mismo tiempo, asegure la “viabilidad fiscal” que reclama el Ministerio de Economía. La intención no es derogar el financiamiento, sino reformular el esquema actual para hacerlo sostenible y evitar futuras sanciones penales por incumplimiento de la norma vigente.
Extensión de las Extraordinarias
Para que los tiempos den, el Gobierno firmará en las próximas horas un decreto que se publicará este lunes en el Boletín Oficial. La medida extenderá el período de sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, incorporando la nueva Ley de Financiamiento Universitario al temario.
Esta jugada busca capitalizar el momento político favorable y cerrar uno de los conflictos más largos de la gestión antes del inicio del ciclo lectivo 2026.