La República Argentina rechazará formalmente el pedido de “desacato” impulsado por el fondo Burford Capital en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Según confirmaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación a la Agencia Noticias Argentinas, el escrito será presentado el próximo 19 de febrero, respetando los plazos procesales fijados por la jueza de Nueva York, Loretta Preska.
La disputa se reavivó ayer, cuando el fondo litigante —beneficiado con un fallo de primera instancia por US$ 16.000 millones— solicitó a la magistrada que sancione al país. Burford alega que la Argentina no entregó la documentación requerida, específicamente correos electrónicos y chats de funcionarios nacionales, elementos con los que busca probar la figura de “alter ego” (la no distinción entre la petrolera y el Estado).
Desde la Procuración desestimaron estas acusaciones y aseguraron que “la Argentina ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery”. En este sentido, detallaron que ya se facilitaron más de 113.000 páginas de documentos y se presentaron testimonios de diversos funcionarios gubernamentales.
Para la defensa argentina, la moción presentada por los demandantes constituye el intento más reciente de “hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas”. Según explicaron las fuentes oficiales, esta maniobra responde a lo que el propio CEO de Burford describió ante inversores como una táctica para “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país.
El pedido de sanciones, argumentan desde el Gobierno, debe interpretarse en el contexto de los recientes reveses que sufrió el fondo. La posición procesal de Burford se vio debilitada tras la audiencia de apelación, lo que provocó una caída superior al 20% en el valor de sus acciones. A esto se suma el “stay” (suspensión) otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la entrega de acciones de la petrolera, y el respaldo internacional recibido por la Argentina de parte de Estados Unidos, Israel y otros países.
“Ante este escenario, a Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato”, analizaron desde la Procuración, calificando la acción como una presión para forzar una negociación.
Finalmente, las autoridades argentinas ratificaron que continuarán colaborando con el proceso de intercambio de información “siempre dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas”, mientras aguardan la resolución de la Cámara de Apelaciones sobre el fallo de fondo.