La investigación sobre una presunta red de lavado de activos con ramificaciones en el fútbol profesional argentino sumó un nuevo capítulo judicial. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió habilitar la revisión de un conflicto de competencia territorial, tras hacer lugar a una queja presentada por el Ministerio Público Fiscal.
La decisión fue firmada por los magistrados Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. Los jueces entendieron que el caso amerita la intervención del máximo tribunal penal (pese a que este tipo de resoluciones no suele ser recurrible) porque están en juego cuestiones federales de fondo y garantías constitucionales, como el derecho al “juez natural”.
El origen del conflicto: ¿Campana o Capital Federal?
El eje de la disputa judicial gira en torno a qué juzgado debe llevar adelante la investigación. Originalmente, la Cámara Federal de San Martín había asignado el caso al Juzgado Federal de Campana. Sin embargo, el fiscal se opuso rotundamente a esta medida argumentando que carecía de fundamentación suficiente y que se tomó sin darle intervención efectiva a la fiscalía.
Para el Ministerio Público, la decisión de enviar la causa a la provincia fue “prematura”. Argumentan que, dada la multiplicidad de jurisdicciones involucradas, el expediente debería mantenerse en el juzgado que intervino primero: el fuero Penal Económico porteño.
Las claves de la causa investigada:
| Elemento | Detalle del expediente |
| El Delito | Maniobras complejas de presunto lavado de dinero. |
| Los Involucrados | La firma REAL CENTRAL SRL, sumada a diversas personas físicas y jurídicas. |
| Zona de Operaciones | Ciudad de Buenos Aires y las localidades bonaerenses de Pilar y La Matanza. |
| El nexo clave | Posible vinculación directa con estructuras del fútbol profesional. |
Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara de Casación ya fijó una audiencia para el próximo 30 de marzo. En esa instancia, las partes expondrán sus argumentos técnicos antes de que los jueces tomen una definición final sobre el fondo del conflicto y determinen qué juzgado se hará cargo de investigar la ruta del dinero.
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