La medida de fuerza, que se había resuelto el pasado viernes tras un plenario nacional de gremios, originalmente reclamaba la falta de respuesta oficial. Sin embargo, con la publicación de la normativa en el Boletín Oficial en las últimas horas, el foco del reclamo se trasladó a la decisión del presidente Javier Milei de retrasar su efectiva aplicación mediante la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025.
La jornada de protestas de hoy es la antesala de un paro nacional previsto para mañana. A la convocatoria de la CONADU se sumó la CONADU Histórica, que dispuso un paro nacional de 48 horas para ambos días, y se espera una amplia adhesión del personal no docente.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada tras un extenso debate en el Congreso que incluyó el rechazo a un veto presidencial, establece un régimen especial que garantiza recursos para el funcionamiento de las casas de estudio, fondos para becas y, fundamentalmente, la actualización salarial docente y no docente con incrementos que no podrán ser inferiores a la inflación oficial.
Los gremios advierten que la postergación de la aplicación de la ley, que también afectó la emergencia sanitaria pediátrica, vulnera derechos laborales y educativos. La preocupación se intensificó ante el antecedente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada pero no reglamentada por supuesta “falta de recursos”.
“La situación en las universidades es sumamente grave. A los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y la precarización. Es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia en discapacidad. Ante la falta de diálogo, debemos fortalecer la organización para enfrentar el desguace del sistema universitario y científico”, declaró Carlos De Feo, Secretario General de CONADU.
La jornada de protesta se manifestará con clases públicas, asambleas, volanteadas y movilizaciones frente al Congreso, ministerios y plazas de las principales ciudades del país, exigiendo la aplicación “plena y efectiva” de la ley sancionada por el Congreso.