Uno de los puntos más discutidos es que el proyecto no fija un cupo máximo de motos habilitadas para brindar el servicio, una de las principales críticas del sector taxista y empresarial del transporte público. Tampoco determina una cilindrada mínima, delegando esa definición al Departamento Ejecutivo.
La iniciativa reconoce a los viajes solicitados por app como un servicio privado de interés público, prohíbe la captación de pasajeros en la vía pública y deja la reglamentación en manos de la intendenta Rossana Chahla, quien deberá precisar aspectos operativos y definir a la futura autoridad de aplicación.
Requisitos para conductores y condiciones de los vehículos
Quienes deseen prestar el servicio deberán contar con licencia habilitante, DNI, seguro vigente y una motocicleta con documentación completa, VTV o equivalente y cobertura específica para el pasajero.
El texto prevé estándares de seguridad como una cilindrada mínima a definir, cubiertas aptas para el uso urbano y un sistema de frenos en condiciones reglamentarias.
La ordenanza exige el uso obligatorio de casco para conductor y pasajero, respeto de las normas de tránsito, prohibición de consumo de alcohol o sustancias y aptitud psicofísica para manejar. También se establece la prohibición de operar sin habilitación o con documentación adulterada.
Facultades de control y sanciones
La autoridad de aplicación podrá realizar inspecciones, solicitar documentación, disponer suspensiones, ordenar el bloqueo de conductores en las plataformas y elevar infracciones al Tribunal Municipal de Faltas. En casos graves, como operar sin seguro, la moto podrá ser retenida y enviada al corralón municipal.
Las plataformas deberán inscribirse en un Registro Municipal, acreditar cumplimiento tributario, brindar datos legales, habilitar herramientas de emergencia, mostrar información del conductor y del vehículo antes del viaje e informar el costo previo. Sin inscripción, una app no podrá funcionar en la ciudad.
Derechos y obligaciones de los usuarios
La propuesta contempla un capítulo de protección al usuario, que incluye información clara, viaje seguro, trato respetuoso, comprobante digital y acceso a canales de reclamo tanto municipales como de la plataforma.
Los pasajeros también tendrán deberes: uso obligatorio de casco, pago del servicio y prohibición de solicitar viajes “por oportunidad”, es decir, deteniendo motos en la calle.
El Municipio deberá habilitar un canal oficial de reclamos y aplicar protocolos especiales para mujeres y diversidades, personas mayores, personas con discapacidad, menores y usuarios vulnerables.
La iniciativa, que deroga la ordenanza 3.260/02, otorga 60 días al Ejecutivo para reglamentar el nuevo sistema y prevé la posibilidad de otorgar habilitaciones provisorias sin generar derechos adquiridos. El proyecto busca actualizar la normativa ante el crecimiento del mototransporte digital, aunque deja en manos del Ejecutivo varias definiciones clave.