El Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), acató la orden del juez federal N.º 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, y restablecerá 119.033 pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas. La medida se formalizó mediante la resolución de ANDIS 13901/2025 publicada en el Boletín Oficial.
La decisión judicial, que fue ratificada tras el rechazo a la apelación del interventor de ANDIS, Alejandro Alberto Vilches, exigía “restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones… suspendidas en todo el país” y abstenerse de aplicar nuevas bajas. El fallo se originó en una cautelar presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca y la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM).
Sin embargo, el Gobierno indicó que no se restituirán los beneficios a las personas detenidas, pese a que la orden judicial es de carácter general.
Auditorías en curso y argumentos del Gobierno
El fallo del juez Díaz Martínez se extendió a nivel nacional al considerar que se trata de derechos de “indudable naturaleza colectiva” afectados por una norma “inconstitucional” y una ejecución “irregular” de la Administración. Previamente, ya se habían restablecido casi 20.000 pensiones en Catamarca y Formosa por presentaciones locales.
Desde el Gobierno, recordaron que las auditorías de la ANDIS tienen como objetivo “reordenar un sistema históricamente usado con fines políticos y clientelares”, citando un crecimiento de las pensiones de 200.000 a 1.250.000 entre 2003 y 2023.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que las auditorías permitieron detectar 27.149 pensiones de personas fallecidas y 55.318 beneficiarios que renunciaron al beneficio, sumando un total de 82.467 personas que cobraban sin corresponder.
Pese a acatar la orden, la ANDIS afirmó que si bien se restablece el universo de las 119.033 pensiones suspendidas, mantienen su postura de defender la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, buscando evitar devolver el beneficio a quienes no cumplen los requisitos legales, como presos, trabajadores en relación de dependencia o personas sin diagnóstico médico claro.
El conflicto se remonta al proceso de auditoría iniciado por la ANDIS y la aplicación del Decreto 843/2024, que modificó los requisitos y elevó al 66% el umbral de disminución de la capacidad laborativa, lo cual fue denunciado por las organizaciones por deficiencias en las notificaciones y exigencias desproporcionadas.