La lista, que debía mantenerse en reserva, apareció fotografiada en el estado de WhatsApp de un cabo primero, lo que generó la rápida propagación del documento. La situación derivó en una denuncia formal presentada por Nelson Orlando Salcedo, responsable del área de Personal de la institución.
El uniformado intentó desligarse del hecho, asegurando que la publicación fue un error de su hija, aunque igualmente fue sancionado con un traslado disciplinario y la apertura de un sumario administrativo.
Lo más delicado del caso es que, tras la filtración, Salcedo recibió en su correo electrónico un mensaje anónimo con una amenaza explícita contra su integridad, hecho que también quedó bajo investigación.
La causa, que comenzó como una infracción administrativa, escaló al ámbito judicial y mantiene en tensión al Servicio Penitenciario provincial.