La Fiscalía Municipal, a cargo de Conrado Mosqueira, intimó además a los empresarios nucleados en AETAT a cesar lo que describió como una “conducta extorsiva”. Según explicó el funcionario, la nota enviada por el sector fue acompañada de una advertencia sobre un posible paro inmediato del servicio si no se otorgaba un subsidio de $2.000 millones, lo que llevó al municipio a evaluar una denuncia penal por extorsión.
Un conflicto que se agrava
El cruce se inició tras las elecciones legislativas del 26 de octubre. Un día después, AETAT envió una carta al Ejecutivo municipal responsabilizando al gobierno local por la crisis del sistema y reclamando una reunión urgente para debatir un nuevo esquema de financiamiento, que reemplace el modelo actual —basado en la cantidad de boletos vendidos— por uno calculado por kilómetro recorrido.
La respuesta de la Intendencia fue tajante: recordó que la fijación de tarifas es competencia exclusiva del Concejo Deliberante, según lo establecen la Ordenanza 400/79 y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 5529. Además, señaló la contradicción de los empresarios, que en agosto habían expresado que no solicitaban un aumento tarifario para “no seguir expulsando usuarios del sistema”.
Críticas al servicio y defensa de los programas municipales
En el documento de respuesta, el municipio enumeró las principales falencias del sistema: recorridos incumplidos, demoras, falta de higiene y deficiencias de seguridad en las unidades, problemas que —según afirma— afectan de forma directa a los usuarios.
También destacó que el auge de las aplicaciones de movilidad refleja el malestar de la población ante un servicio “cada vez menos eficiente y confiable”.
La Municipalidad defendió la implementación de la tarjeta SUBE como una herramienta que aporta “transparencia y trazabilidad”, y negó que los beneficios como el Boleto Educativo Municipal (BEM) tengan fines políticos. “Su objetivo es garantizar derechos básicos como la educación y la movilidad”, indicó el comunicado.
AETAT prepara su contraataque
El lunes, la cámara empresaria presentará una nueva nota al municipio con su descargo. Sin embargo, desde el sector ya adelantaron que la situación podría agravarse esta semana, con la posibilidad de suspensiones de personal y reducción de frecuencias para evitar el colapso del sistema.
Mientras tanto, la pulseada entre el municipio y los empresarios mantiene en vilo a miles de usuarios del transporte público, que podrían sufrir las consecuencias directas de una crisis que no muestra señales de resolución inmediata.