El transporte público de pasajeros atraviesa una de las peores crisis de su historia en San Miguel de Tucumán. Así lo expresó la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) en una nota enviada a la intendenta Rossana Chahla, donde advierte sobre la inminente parálisis del servicio y reclama un cambio urgente en el sistema de retribución.
En la misiva, firmada por el vicepresidente de la entidad, Jorge Berretta, y el secretario, César Atim, los empresarios remarcan que el sector está al borde del colapso económico y financiero, y acusan al municipio de incumplir obligaciones esenciales, como el control del transporte ilegal. Además, advirtieron que se reservan el derecho de iniciar acciones legales contra los funcionarios responsables. “El sistema de transporte público se encuentra en un estado de quebranto terminal, que pone en riesgo la regularidad y calidad del servicio esencial que brindamos a miles de ciudadanos diariamente”, señala el texto.
La presentación fue respaldada por una asamblea de empresarios urbanos, que autorizaron formalmente el envío del reclamo ante la “crítica situación económica” que enfrentan.
Los principales cuestionamientos al municipio
AETAT enumeró una serie de incumplimientos que, según afirman, explican la crisis actual:
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Tarifas desactualizadas y arbitrarias: Acusan al Ejecutivo de fijar precios del boleto sin criterios técnicos ni estudios de costos reales, priorizando decisiones políticas que no reflejan el aumento en combustibles, salarios y mantenimiento.
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Falta de control del transporte ilegal: Denuncian la expansión de servicios irregulares, como los autos de aplicaciones y los “moto-taxis”, que operan sin regulación ni controles, afectando la economía de las empresas legalmente constituidas.
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Gratuidades sin compensación: Señalan que los boletos gratuitos o con descuentos (para estudiantes, jubilados y docentes) no cuentan con la debida compensación económica, lo que agrava el déficit del sector.
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Problemas operativos y de tránsito: Advierten que la falta de control en los carriles exclusivos y el desorden vehicular incrementan los costos operativos. También critican los retrasos del sistema SUBE, que afectan el flujo de ingresos diarios.
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Inseguridad jurídica: Reclaman que las empresas operan sin concesiones vigentes, lo que les impide acceder a financiamiento para renovar las unidades y mejorar el servicio.
Los empresarios insistieron en la necesidad de una revisión integral del sistema, con un marco jurídico y tarifario que garantice la sustentabilidad. “No se trata de una mala gestión empresarial, sino de incumplimientos sistemáticos del municipio”, remarcaron.
AETAT cerró su comunicado advirtiendo que, si no se adoptan medidas inmediatas, la continuidad del servicio podría verse comprometida en los próximos meses.