La medida oficial, plasmada en la resolución Nº 3370/480–2025, fija incrementos que superan el 31% en los valores que deberán afrontar los comerciantes para obtener o renovar permisos, levantar sanciones y tramitar autorizaciones vinculadas a la venta de bebidas alcohólicas.
Detrás de este salto en los costos está la intención del organismo de alinear los cánones con la inflación interanual, tomando como referencia el índice de precios al consumidor oficial. Según lo consignado en el texto, ese índice alcanzó un 31,3% hasta octubre de este año, y por eso se eligió ese porcentaje como base del ajuste.
Los cambios impactan en varios frentes: el permiso eventual para vender alcohol se ubica ahora en 230.000 pesos, mientras que el costo para levantar una clausura roza los 198.000 pesos y una violación de faja se estima en 395.000 pesos. También se estableció un valor de 13.000 pesos para la baja definitiva del padrón de expendio.
El choque con la realidad económica actual no termina aquí: el IPLA decidió permitir planes de pago de hasta 12 cuotas, con un anticipo mínimo del 20% y un interés mensual del 4%, similar al que aplica la Dirección General de Rentas. De esta forma, los comerciantes podrán fraccionar el pago, aunque con un costo financiero adicional.
Además de los aranceles en sí, la resolución crea un calendario para la renovación de permisos vigentes, que podrá hacerse durante enero y febrero de 2026, con fecha límite el 28 de febrero. Fuera de ese período, perderán beneficios previstos por ley aquellos que no estén al día con sus obligaciones ante el organismo.
El movimiento de aranceles no estará congelado durante todo el año: el propio texto prevé una revisión de los valores en julio de 2026, de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor. Así, el sector comercial dedicado al expendio de bebidas alcohólicas arranca el año con un nuevo esquema de costos pensado para acompañar —y responder a— las dinámicas económicas que atraviesa la provincia.
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