El juicio oral y público por el femicidio de Érika Antonella Álvarez (25) —cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de enero en un basural de la zona de Manantial Sur— sumó este viernes 20 de noviembre un testimonio relevante durante la ronda de testigos ante el tribunal integrado por los jueces Gonzalo Javier Ortega (presidente), Eliana Gómez Moreira y María Valeria Mibelli.

En la audiencia, un ex empleado de la empresa de limpieza vinculada al principal acusado, el ex militar Felipe Sosa (50), declaró que en horas de la siesta del 7 de enero de 2026 —fecha en que se habría perpetrado el crimen— el coimputado Jorge “Chicho” Díaz (41) lo trasladó hasta el domicilio de Sosa, ubicado en calle Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena, con el encargo de cortar el césped en el frente y en el fondo de la propiedad.

De acuerdo con el relato brindado por el testigo ante la Unidad Fiscal de Homicidios I —representada por el fiscal Pedro Gallo junto a las investigadoras Carolina Brito Ledesma y Giuliana Ricciuti—, mientras él realizaba las tareas de jardinería, Díaz ingresó al interior de la vivienda junto a Sosa. Asimismo, el declarante agregó que posteriormente cargaron residuos en bolsas negras y los trasladaron hasta un depósito situado en El Manantial.

La acusación por el femicidio y el pedido de prisión perpetua
Durante los alegatos de apertura del debate, el Ministerio Público Fiscal (MPF), con la adhesión de la querella, solicitó la pena de prisión perpetua para Felipe Sosa como autor del delito de femicidio. Según la reconstrucción acusatoria, el 7 de enero alrededor de las 3:37 de la madrugada, Álvarez salió de su domicilio de calle Gerónimo Helguera al 1700, en San Miguel de Tucumán, a bordo de un vehículo solicitado mediante la aplicación Uber y arribó trece minutos después a la casa de Sosa en Yerba Buena, donde entre las 3:50 y las 7:00 habría sido golpeada con extrema violencia, provocándole la muerte por traumatismo craneofacial y cervical.

El rol atribuido a los imputados por encubrimiento
En paralelo, la Fiscalía solicitó seis años de prisión de cumplimiento efectivo tanto para Justina Gordillo (48) como para Jorge “Chicho” Díaz (41) bajo la figura de encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado, mientras que un cuarto involucrado, Nicolás Navarro Flores (37), ya fue condenado el pasado 29 de julio a tres años de prisión mediante un juicio abreviado.

Según la teoría fiscal, Gordillo se comunicó telefónicamente con Sosa desde las 7:32 del 7 de enero, acudió dos veces al domicilio y permaneció allí hasta la mañana del día siguiente colaborando en el ocultamiento del cuerpo, la eliminación de rastros y la desaparición de pertenencias y del celular de la víctima, además de facilitarle posteriormente una motocicleta KTM, dinero e información para que huyera hacia Buenos Aires hasta su detención el 16 de enero. En tanto, a Díaz se le atribuye haberse presentado esa tarde a bordo de una camioneta Chevrolet S10 de la firma “Mundo Limpio” para ayudar en la limpieza y eliminación de evidencias, retirándose luego del lugar con un estuche que contenía una pistola Glock calibre .40, una escopeta calibre 12 y municiones entregadas por Sosa para su ocultamiento.

Fuente Los Primeros