La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, protagonizaron este jueves una reunión a puertas cerradas en la cámara alta para ultimar los detalles de la Ley de Propiedad Privada.
El objetivo central del encuentro, celebrado entre las 16 y las 17.40, fue que el proyecto avance de una vez en la sesión prevista para el 6 de agosto tras los numerosos traspiés que sufrió por la resistencia de los bloques aliados. Uno de los puntos que más ruido generó fue el capítulo que modificaba la Ley de Tierras rurales, que propone eliminar restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Sin embargo, según pudo saber este medio, finalmente el Gobierno definió no realizar cambios y avanzar con el dictamen que había acordado previamente en comisiones con sus aliados. “Entendieron la dinámica parlamentaria, que hay un momento donde no se puede tocar más una ley”, planteó una fuente al tanto de la reunión a TN. “No hay cambios reales. Sí de redacción, una coma más, una letra menos, pero nada más que eso”, coincidió otra figura del oficialismo.
A su vez, antes de retirarse de la cámara alta, Bullrich se mostró optimista y confió en que el oficialismo logrará avanzar con el proyecto. “Nosotros estamos tranquilos. Hemos hecho una buena ley, con aporte de todos. Han participado gobernadores, senadores de todas las provincias que están cerca y aportan a una mirada constructiva. Creemos que va a salir”, planteó.
Además, la senadora porteña enfatizó que el proyecto mantiene la premisa de que un Estado extranjero “no pueda de ninguna manera comprar un milímetro de tierra argentina” y enfatizó que “la soberanía está absolutamente resguardada”.
Sin embargo, descartó que el texto final incorpore alguna limitación a la compra de tierras por parte de extranjeros, ya que según la Constitución tienen los mismos derechos y responsabilidades que un nacional. “Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene, tampoco en la cantidad de hectáreas”, subrayó.
Una semana atrás, la falta de consenso había obligado a la exministra de Seguridad a pedir un cuarto intermedio en la sesión donde se iba a discutir el proyecto y abrir una nueva instancia de negociación.
En ese contexto, con los reclamos de los legisladores en carpeta, Bullrich y Sturzenegger se propusieron definir un texto final -tras al menos 15 versiones y tres postergaciones- que permita evitar la intrusión de nuevos cambios o demoras en el recinto
De la reunión también participaron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y los equipos de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, que presiden las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.
La discusión alrededor de la Ley de Tierras
La Ley de Tierras Rurales vigente establece que ningún inversor extranjero, ya sea persona física o sociedad de capital extranjero, puede poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal. A eso se suma que ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese cupo, y que un mismo titular extranjero no puede acumular más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o su equivalente territorial.
En ese contexto, el proyecto del Gobierno elimina esas restricciones y solo mantiene un límite específico para los Estados extranjeros —y organismos, empresas públicas o fondos fiduciarios que dependan de ellos—, a los que en principio se les prohíbe adquirir tierras. Se puede hacer excepciones en caso de que el Poder Ejecutivo determine que la operación no implica un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.
Parte de la discusión gira alrededor del rol de las provincias. En el dictamen que finalmente se aprobó en el Senado, el proyecto les dio la facultad a los gobernadores para autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.
Sin embargo, en la previa todavía había objeciones en cuanto a si se fija algún límite y si esa facultad se delega totalmente a las provincias o si el Estado nacional mantiene el control sobre áreas consideradas estratégicas.
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