“La bala no salió”, recuerda Cristina Fernández de Kirchner, como quien repite un mantra cargado de significado y sobrevivencia. Dos años después de aquel intento de magnicidio en la puerta de su casa, la expresidenta vuelve a ocupar el centro de la escena judicial y política del país: esta vez, para confirmar que se entregará a la Justicia y cumplir su condena por corrupción, pero bajo condiciones estrictas. Lo anunció ella misma, sin voceros ni intermediarios, con un mensaje que mezcla denuncia, desafío y dramatismo.
Será este miércoles 18 de junio. Cristina caminará por enésima vez los pasillos de Comodoro Py, pero no como senadora, vicepresidenta ni testigo: se presentará ante el Tribunal Oral Federal Nº2 para “estar a derecho”, como escribió en su cuenta de X, y comenzar a cumplir la condena a seis años de prisión que le impuso la Justicia en la causa Vialidad.
Sin embargo, no lo hará sin condiciones. A través de sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidió al tribunal que le conceda la prisión domiciliaria en su casa de la calle San José, en el barrio de Constitución, sin tobillera electrónica. La solicitud se basa —según argumentó la defensa— en motivos institucionales y de seguridad: fue jefa de Estado durante ocho años, cuenta con custodia permanente de la Policía Federal y, además, carga con el antecedente del atentado que sufrió en 2022.
“No se trata de un privilegio”, advirtió Cristina en su publicación. “Obedece a estrictas razones de seguridad personal”. Y acusó al máximo tribunal del país de operar como un “triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema”.
La confirmación de su entrega llegó apenas un día después de que la Corte Suprema rechazara los recursos presentados por su defensa y dejara firme su condena por corrupción en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. Un fallo histórico: se trata de la primera vez que una expresidenta argentina es condenada de manera definitiva por delitos contra la administración pública.
Pero Cristina no se quedó callada. Al contrario: convirtió el revés judicial en un nuevo acto político. Apuntó contra el “Partido Judicial”, comparó su situación con la del exasesor macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón —a quien acusó de haberse profugado durante años y luego resultar sobreseído—, y deslizó que detrás del atentado que casi termina con su vida, hay responsabilidades intelectuales que la Justicia se niega a investigar.
Mientras tanto, la defensa formalizó su pedido ante el TOF 2 para que se autorice el cumplimiento de la condena en su domicilio, sin prisión efectiva en una cárcel. Los abogados argumentaron que no existen riesgos procesales ni de fuga y subrayaron que la expresidenta ya cuenta con una vigilancia estatal las 24 horas. En caso de que el pedido sea rechazado, anticiparon que apelarán a la Corte y hasta organismos internacionales.
Sin embargo, en un giro inesperado, el juez Jorge Gorini, presidente del tribunal, entrará en licencia justo esta semana. Su lugar será ocupado por Rodrigo Giménez Uriburu, quien junto a Andrés Basso deberá resolver uno de los fallos más sensibles de la historia judicial reciente: si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la figura política más influyente del peronismo en las últimas dos décadas, cumple su condena entre rejas… o en su casa.
El escenario está planteado. La expresidenta ya eligió su jugada. La Justicia, ahora, tiene la última palabra. Pero en el tablero político, como suele pasar con Cristina, las fichas siguen en movimiento.
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