Con el reloj corriendo en contra y la sesión en el Senado prevista para el 11 de febrero, el Gobierno nacional decidió convocar de urgencia a su mesa política. Este miércoles, la Casa Rosada será escenario de un encuentro clave encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con un objetivo excluyente: definir hasta dónde ceder para destrabar la negociación con los gobernadores por la Reforma Laboral.
La convocatoria surge tras un fin de semana de teléfonos descompuestos y escasos avances. Si bien el diálogo se mantuvo activo, desde Balcarce 50 admiten que no lograron definiciones concretas para asegurar los votos necesarios, poniendo en riesgo la primera victoria legislativa del año.
Ganancias y Coparticipación
El epicentro del conflicto es estrictamente fiscal. La disputa gira en torno al artículo del dictamen que propone reducir las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las sociedades.
Mientras el Gobierno argumenta que la baja impositiva se compensará a futuro con mayor actividad económica, las provincias sacan la calculadora y ven rojo: al ser un tributo coparticipable, estiman que la medida les recortará ingresos por cerca de $1,9 billones este año. Los mandatarios advierten que sus cuentas están al límite y no pueden absorber ese impacto.
El semáforo de los gobernadores
En el mapa político que analizará hoy la mesa chica de La Libertad Avanza, los gobernadores “dialoguistas” aparecen divididos en tres posturas:
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Los gradualistas: Aceptan la baja de Ganancias, pero piden que se aplique de forma escalonada para suavizar el golpe a las cajas provinciales.
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Los negociadores: Piden una compensación explícita (“moneda de cambio”) para apoyar ese punto, sugiriendo coparticipar otros tributos como el Impuesto al Cheque.
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Los intransigentes: Rechazan de plano cualquier rebaja de impuestos coparticipables en este contexto de crisis.
La estrategia oficial
La intención del oficialismo en la reunión de hoy es unificar el discurso y trazar una línea roja. La estrategia de máxima es conseguir el apoyo político para la ley en general y postergar el debate fino de las compensaciones para una instancia posterior a la votación, evitando que la previa de la sesión se convierta en una subasta de recursos a cielo abierto.