El Gobierno nacional decidió desplazar de su cargo a Carlos Frugoni, quien hasta ayer se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura en el Ministerio de Economía. La contundente decisión oficial llegó luego de que el propio funcionario reconociera públicamente que poseía siete departamentos en Miami que nunca fueron declarados ante la Administración Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ni ante la Oficina Anticorrupción.
Tras confirmarse la salida de Frugoni, la cartera económica anunció rápidamente a sus sucesores para mantener la operatividad del área. Fernando Herrmann será el nuevo Secretario de Coordinación de Infraestructura, mientras que Mariano Plencovich asumirá formalmente el cargo de Secretario de Transporte.
El “error” y el peso del área a su cargo
Frugoni había desembarcado a principios de año en una de las secretarías más relevantes dentro del Ministerio de Economía. Desde allí, tenía bajo su control no solo el área que regula el Transporte a nivel nacional, sino también las licitaciones y concesiones de toda la obra pública financiada por el Estado.
Días atrás, al estallar el escándalo, el ahora exfuncionario había intentado justificar la omisión argumentando que tributaba por esos inmuebles en Estados Unidos, pero no en la Argentina. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, había declarado a la prensa tras la filtración de su patrimonio oculto.
Las propiedades, las sociedades offshore y la Justicia
El entramado inmobiliario que derivó en su despido está compuesto por siete propiedades adquiridas en el condado de Palm Beach (Florida) entre los años 2020 y 2022. Durante ese período, Frugoni se desempeñaba como titular de AUSA (Autopistas Urbanas S.A.) y tenía participación activa en grandes proyectos de obra pública porteña, como el Paseo del Bajo.
Según los registros oficiales, al menos cinco de estas unidades ostentan valores que rondan entre los US$215.000 y US$216.000 cada una.
La operatoria para adquirir los inmuebles se realizó mediante un esquema que buscó evadir los radares locales: se utilizaron dos sociedades de responsabilidad limitada, Genova LLC y Waki LLC, ambas constituidas en el estado de Delaware (conocido por sus ventajas fiscales y opacidad) en 2021 y 2025, respectivamente.
El escándalo político ya cruzó la frontera hacia los tribunales. La omisión deliberada del patrimonio podría constituir un delito penal. Actualmente, el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas ya tiene en sus manos denuncias impulsadas por el legislador porteño Facundo Del Gaiso y el abogado Alejandro Díaz Pascual, quienes acusan al exfuncionario de ocultar bienes por una cifra superior a los 1,5 millones de dólares.
TN