Por primera vez en veinte años, el Gobierno nacional aprobó una nueva política de Inteligencia Nacional, un documento que redefine los lineamientos y objetivos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y marca un giro estructural, en lo que ellos señalaron como, décadas de deterioro, intervención y controversias.
El anuncio fue realizado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) a través de un comunicado oficial, donde destacó que la nueva política busca orientar la labor de todos los organismos del sistema para “consolidar un Estado moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad”.
Una reconfiguración total tras años de crisis interna
El nuevo documento llega luego de que el gobierno detectara, según su propio diagnóstico, un deterioro profundo del SIN durante más de tres décadas, con consecuencias que afectaron la capacidad del Estado para anticipar amenazas y proteger sus intereses estratégicos.
Ese deterioro quedó expuesto, señala el informe, en episodios de gravedad institucional que marcaron a la Argentina:
- Los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, aún sin esclarecer completamente.
- La muerte del fiscal Alberto Nisman, considerada un hecho que reabrió el debate sobre el funcionamiento del sistema y derivó en la Ley 27.126, que reemplazó la SIDE por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Sin embargo -según explicaron- la AFI, creada con la promesa de mayor transparencia, terminó intervenida durante cuatro años por “disfuncionalidades relevantes” y, según el documento, significó “un notorio retroceso institucional”.
Qué cambia con la nueva Política de Inteligencia Nacional
La reforma incluye una reestructuración integral del Sistema de Inteligencia Nacional, con la creación de cuatro organismos desconcentrados bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia:
- Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)
- Agencia de Seguridad Nacional (ASN)
- Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)
- División de Asuntos Internos (DAI)
El objetivo es dotar al sistema de mayor tecnificación, autonomía funcional y capacidad para anticipar riesgos en un escenario global que describen como “variable, difuso y complejo”.
La política actualizada fija seis prioridades centrales que guiarán la labor del SIN:
- Posicionar a la Argentina en el plano internacional.
- Preservar la soberanía y la autonomía estratégica.
- Proteger recursos e infraestructuras esenciales.
- Prevenir y combatir terrorismo y crimen organizado.
- Anticipar y contrarrestar amenazas en el ciberespacio.
- Neutralizar actividades de inteligencia externa que afecten intereses nacionales.
A esto se suman cinco intereses estratégicos nacionales, desde asegurar la vigencia del sistema republicano hasta proteger la integridad territorial y los recursos naturales, y once lineamientos operativos que ponen el foco en amenazas geopolíticas y nuevas dimensiones del conflicto.
Entre ellos se destacan:
- Monitoreo del Atlántico Sur, Malvinas y Antártida, con especial atención a la presencia extranjera y la expansión de infraestructuras de potencias extrarregionales.
- Protección de recursos naturales clave, como litio, gas no convencional y acuíferos.
- Ciberseguridad y desinformación, dos áreas consideradas críticas en la era digital.
- Avance del crimen organizado, visto como una estructura con capacidad de penetración institucional.
Según el gobierno, esta nueva política busca que la Argentina “recupere la función de inteligencia” para anticiparse a amenazas y proteger intereses en un mundo donde la competencia geopolítica, la tecnología y la criminalidad transnacional imponen desafíos inéditos.
Con esta reforma, el Gobierno considera que inicia un nuevo capítulo en la inteligencia nacional, luego de décadas señaladas por fallas internas, escándalos, intervenciones y falta de actualización estratégica.