Luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazara el pedido de reconsideración presentado por el fondo Burford, el Gobierno nacional se muestra optimista y apunta a cerrar de manera definitiva el juicio por la expropiación de YPF antes de que termine el año.
Si bien el fondo inglés aún no recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos, los principales estrategas legales del Ejecutivo dan por sentado que lo hará en el corto plazo, dado que disponen de un margen de 90 días para presentar la apelación. Sin embargo, fuentes oficiales confían en que el máximo tribunal desestimará el caso tras un período de análisis de dos o tres meses.
Una resolución de esta naturaleza pondría fin a un extenso proceso judicial iniciado en 2015, el cual ponía en riesgo al Estado nacional con una condena que rondaba los 16 mil millones de dólares.
Las probabilidades en la Corte y la cautela oficial
La perspectiva del Gobierno coincide con la de los propios analistas de Burford. Al presentar sus resultados trimestrales, el fondo admitió que la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses resulta baja desde un punto de vista estadístico. Esta afirmación se sustenta en que la Corte norteamericana acepta en promedio entre 70 y 100 casos anuales y todos deben revestir interés federal para ese país.
A pesar de este panorama favorable, en los despachos oficiales insisten en mantener una postura sumamente cautelosa. El proceso podría continuar abierto si Burford decide llevar su reclamo ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
Sobre este escenario alternativo, el fondo inglés advirtió que un arbitraje de este tipo dura en promedio 4,4 años y cuenta con el potencial de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense. Además, recordaron un dato estadístico de peso. En el Ciadi, el 86 por ciento de las 51 demandas arbitrales entre inversores y Estados presentadas contra la Argentina se resolvieron a favor de los demandantes.
Respaldo jurídico y otros frentes abiertos
Tras conocerse el fallo favorable de este martes en Nueva York, la Procuración del Tesoro conducida por Sebastián Amerio destacó la firmeza de la estrategia nacional. Desde el organismo enfatizaron que la negativa del tribunal a revisar el fallo constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina y reafirma la sentencia favorable obtenida.
Mientras avanza este proceso clave, el cuerpo de abogados del Estado sigue al frente de otras causas internacionales de gran magnitud. Entre ellas se encuentra el litigio en Londres por el Cupón PBI, que asciende a 1330 millones de euros. En paralelo, el Gobierno espera que el Senado apruebe este jueves un acuerdo por 171 millones de dólares con los fondos Bainbridge y Attestor originado por el default de 2001.
TN