De cara a la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, estipulada para antes del 15 de septiembre, el Gobierno nacional analiza incluir modificaciones en las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario. En la Casa Rosada sostienen que esta es la vía más factible para reducir el impacto fiscal de dos normativas que el oficialismo ya intentó, sin éxito, modificar durante el debate del Presupuesto 2026.
La decisión, si bien aún no está cerrada, es una opción firme en los despachos oficiales. Su avance dependerá de un factor clave: la capacidad de la mesa política de Balcarce 50 para cosechar consensos previos con los gobernadores y los bloques aliados en el Congreso.
El diagnóstico interno sobre lo ocurrido en diciembre de 2025 es claro. En aquel momento, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto en general, pero la oposición logró rechazar el capítulo particular que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Desde el Ejecutivo reconocen que aquella derrota fue producto de un “exceso de confianza” tras la victoria electoral y de una falta de trabajo articulado con los mandatarios provinciales.
La estrategia: reforma electoral y acuerdos macro
Para evitar que el escenario de 2025 se repita, el Gobierno busca llegar a septiembre con acuerdos políticos consolidados. La estrategia apunta a alinear a los gobernadores de cara al turno electoral de 2027, bajo la premisa de que tendrán menos incentivos para rechazar una ley clave para el oficialismo si logran acuerdos previos.
En este marco, la discusión presupuestaria forma parte de una negociación más amplia que incluye la reforma electoral, siendo la suspensión o eliminación de las PASO una prioridad absoluta para el Gobierno. En Nación calculan que ordenar el tablero electoral permitirá cerrar acuerdos de competencia con las provincias y garantizar los votos necesarios para sostener las reformas económicas.
El entorno del jefe de Estado argumenta que el debate sobre universidades y discapacidad debe darse ineludiblemente dentro del cálculo general de recursos y gastos, evitando así leyes específicas que generen incrementos por fuera de la programación financiera. El razonamiento es directo: si el Congreso impone leyes con impacto fiscal sin financiamiento claro, el oficialismo deberá compensar con recortes en otras partidas.
El conflicto universitario judicializado
La situación de las universidades nacionales representa el frente más complejo por su nivel de judicialización. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia mantiene firme una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario referidos a la actualización salarial de docentes y no docentes, y a la recomposición de becas estudiantiles.
Si bien desde el Ejecutivo aclaran que se trata de un “costo parcial” y no de una sentencia definitiva sobre el fondo de la ley, el expediente sigue abierto y condiciona el armado presupuestario.
La Casa Rosada ya había intentado descomprimir el conflicto otorgando un acuerdo parcial:
- Recomposición salarial del 24,33%.
- Aumento del 20% para gastos de funcionamiento.
- Refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios.
- Mejora en las becas Manuel Belgrano.
Pese a estos giros, las casas de altos estudios no retiraron su reclamo judicial, advirtiendo que los fondos girados no implican el cumplimiento total de la ley vigente.
Ajustes en Discapacidad y el frente fiscal
En el área de Discapacidad, el oficialismo busca rediscutir el esquema apuntando a contener el gasto y reforzar los controles. El plan incluye avanzar con auditorías, reempadronamientos, revisión del financiamiento y el establecimiento de incompatibilidades para las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Todo esto se enmarca en un contexto donde el Gobierno mantiene como bandera innegociable el superávit fiscal y la estabilidad macroeconómica. Según el informe de avance del Presupuesto 2027, la ejecución acumulada a mayo de 2026 registró un superávit primario de $8,4 billones y un resultado financiero positivo de $2,6 billones.
En ese mismo período, las transferencias a universidades alcanzaron los $1,95 billones, mientras que las prestaciones de la seguridad social —impulsadas en gran medida por las pensiones por discapacidad— se posicionaron como el principal factor de aumento del gasto primario. Esos números son el principal argumento de Balcarce 50 para insistir en que cualquier erogación debe quedar estrictamente encuadrada dentro del Presupuesto.
TN