Tras una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada de este viernes, el Senado de la Nación aprobó con 42 votos a favor y 21 en contra la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, para lograr la media sanción y asegurar el giro del proyecto a la Cámara de Diputados, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, debió negociar a contrarreloj y ceder ante las demandas de los sectores dialoguistas (PRO, UCR y bloques provinciales).
La iniciativa llegó al recinto con fuertes objeciones respecto a dos ejes centrales: los recursos económicos para implementar los cambios y la composición de los equipos profesionales. Durante el debate, los senadores provinciales advirtieron sobre el riesgo de que las nuevas exigencias de atención recayeran exclusivamente sobre los presupuestos locales.
Ante este panorama, Bullrich aceptó modificar la redacción para reforzar la obligación de cooperación técnica, económica y financiera del Estado nacional con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El nuevo texto establece que los recursos deberán coordinarse en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) mediante convenios bilaterales destinados al fortalecimiento del personal, los dispositivos comunitarios y el desarrollo de la telemedicina.
“Coincidimos en la necesidad de la internación obligatoria, sin embargo, si no están los espacios físicos ¿dónde van a internar a los enfermos? ¿Si no se establece el financiamiento adecuado, quiénes van a atender a los pacientes en casos tan vulnerables?”, había cuestionado la senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal), reflejando la preocupación de los mandatarios provinciales.
El otro punto de conflicto fue el rol de los profesionales en las decisiones clínicas. El proyecto original del Ejecutivo otorgaba un poder casi exclusivo a los psiquiatras para evaluar internaciones y altas médicas, lo que generó un fuerte rechazo por parte de las facultades de Psicología y los ministerios de salud provinciales, quienes exigían mantener el abordaje interdisciplinario.
La presión obligó al oficialismo a retroceder en este aspecto. El texto consensuado determinó que las evaluaciones deberán contar obligatoriamente con un médico (preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental) y un segundo profesional que deberá ser psicólogo. Durante su discurso, Bullrich intentó matizar la disputa asegurando que “son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias”.
Puntos clave de la reforma aprobada
Más allá de las concesiones, el proyecto introduce cambios sustanciales en el abordaje de los pacientes. La reforma amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave para la vida de la persona o de terceros. En casos excepcionales, un solo médico podrá indicar la internación de urgencia, y el plazo para revalidar esa decisión mediante una evaluación interdisciplinaria se extenderá de 24 a 48 horas.
Además, la normativa habilita las teleconsultas en zonas donde no haya especialistas disponibles y actualiza el abordaje de los consumos problemáticos al incluir adicciones contemporáneas como la ludopatía. Pese a estas modificaciones, el texto mantiene dos pilares de la ley vigente: el carácter excepcional de las internaciones y la prohibición de crear nuevos manicomios.
Ahora, el proyecto girará a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo enfrentará el desafío de sostener los acuerdos alcanzados para convertir la reforma en ley.
TN