La Justicia federal ha puesto bajo la lupa una presunta maniobra de desvío de fondos millonarios que sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación apunta a que al menos US$ 50 millones, generados por la actividad de la Selección Argentina campeona del mundo, no habrían llegado a su destino reglamentario —el fortalecimiento de los clubes locales—, sino que habrían sido desviados hacia una red de sociedades radicadas en el extranjero.
El expediente, instruido por el juez Luis Armella con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona, busca reconstruir un flujo de dinero que transitó por diversas firmas offshore que, según los investigadores, carecen de una actividad económica clara que justifique semejantes movimientos.
La ruta del dinero: de la Selección a las LLC
En el centro de las sospechas aparece la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario teatral Javier Faroni. Esta compañía habría tenido la responsabilidad de administrar y recaudar los ingresos de la AFA en el mercado internacional, una caja que globalmente alcanzaría los US$ 260 millones.
Estos fondos provienen de contratos “premium” de la Albiceleste: los cachets por partidos amistosos, el convenio de indumentaria con Adidas y los derechos de la plataforma de streaming AFA Play.
La hipótesis judicial es que una fracción significativa de ese capital se “perdió” en el camino a través de transferencias a cinco entidades específicas.
Conexión local: Banfield, documentos falsos y un banco bajo la lupa
La investigación no se detiene en las fronteras. Como parte de una estrategia de “pinzas”, la Justicia ordenó un peritaje integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield y un fideicomiso vinculado a dicha institución. Se busca establecer si existe una conexión directa entre los fondos fugados al exterior y el financiamiento de estructuras internas o gastos personales de dirigentes, eludiendo controles impositivos.
En paralelo, el magistrado Armella ordenó al Banco Coinag un informe exhaustivo sobre productos bancarios y plazos fijos asociados a las empresas mencionadas. Aunque la entidad afirmó cumplir con las normas del BCRA, la pesquisa ya detectó una irregularidad grave: una certificación contable falsa, atribuida a un profesional, que habría sido utilizada para la compra de vehículos.
Los próximos pasos de la causa
La fiscalía de Incardona ha diseñado una estrategia en tres frentes para probar la administración fraudulenta (Art. 173 del Código Penal) y el posible lavado de activos:
- Rastreo de Activos (Asset Tracing): Se enviarán exhortos a Estados Unidos (Delaware y Florida) para identificar a los “beneficiarios finales” reales detrás de las LLC.
- Peritaje Digital: Se analizarán dispositivos electrónicos para determinar quién confeccionó la certificación contable falsa.
- Auditoría de Flujos: Se cruzarán los contratos firmados (Adidas/AFA Play) con los balances presentados ante la IGJ. La discrepancia entre lo cobrado afuera y lo ingresado al país será la prueba clave.