La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio este martes un paso decisivo en la causa que enfrenta al Gobierno nacional con las casas de altos estudios por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Tras los últimos movimientos procesales, el máximo tribunal quedó en condiciones de emitir una sentencia, por lo que todas las expectativas están puestas en su próxima reunión de acuerdo, prevista para este jueves.
El nudo del conflicto radica en la aplicación de dicha ley. El Gobierno de Javier Milei cuestiona la norma desde que la vetó parcialmente en 2025 y volvió a objetarla cuando el Congreso insistió con su sanción. El argumento central del oficialismo es que la legislación no define con precisión de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas para financiarla.
La ley, fuertemente defendida por la comunidad educativa, establece tres ejes fundamentales:
- La actualización automática de las partidas presupuestarias según la inflación.
- La recomposición salarial del personal docente y no docente.
- Refuerzos específicos destinados a becas, infraestructura y hospitales universitarios.
Sin embargo, en la práctica, su implementación fue limitada drásticamente a través de la Ley de Presupuesto 2026 y de la Decisión Administrativa 20/2026.
El laberinto judicial y las opciones de la Corte
Ante la falta de fondos, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una medida cautelar que ya obtuvo fallos favorables tanto en primera como en segunda instancia. Como contraofensiva, el Gobierno interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, argumentando que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley provocaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.
Hasta que la Corte no resuelva este recurso, la ejecución de la ley permanece suspendida, eximiendo temporalmente al Ejecutivo de realizar las erogaciones. Al mismo tiempo, las universidades impulsan un incidente de ejecución de sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para forzar la liberación de las transferencias pendientes.
Para esta instancia, la normativa marca que la Corte no necesita girar el expediente al Ministerio Público Fiscal para pedir su opinión (aunque tiene la potestad de hacerlo). Tampoco existen plazos fatales para que el máximo tribunal se pronuncie.
No obstante, fuentes judiciales advierten un escenario adverso para el Ejecutivo: la Corte podría rechazar el recurso sin entrar al fondo del asunto, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Si se adopta esta postura, quedaría firme la sentencia de Cámara que obliga al Gobierno a transferir inmediatamente los fondos.
La postura oficial tras la marcha universitaria
Mientras la tensión se traslada a los despachos de Tribunales, el clima político en las calles sigue al rojo vivo. Pese a la magnitud de la reciente convocatoria en Plaza de Mayo, el Gobierno minimizó el peso de la movilización universitaria y la tildó de ser una “marcha política” impulsada por el aparato opositor para erosionar la gestión.
El presidente Javier Milei siguió el desarrollo de la protesta desde la Quinta de Olivos, replicando mensajes en redes sociales en contra del reclamo, aunque evitó pronunciarse de manera directa.
Quien sí ofició de vocero oficial fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El funcionario apuntó directamente contra la dirigencia política por “instrumentar” el conflicto.
TN