Las universidades públicas volvieron a movilizarse este jueves en distintos puntos del país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo su acto central frente al Congreso de la Nación, donde docentes, estudiantes, autoridades académicas, organizaciones gremiales y agrupaciones políticas expresaron su preocupación por la situación presupuestaria del sistema universitario.
Durante la concentración se leyó un duro documento contra el gobierno de Javier Milei, en el que la comunidad universitaria exigió la aplicación de la ley y la derogación del DNU 70/2023. Los organizadores advirtieron que el incumplimiento de la normativa y de las decisiones judiciales vinculadas con su aplicación pone en riesgo el sistema democrático y republicano. “El incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, señalaron.
Uno de los principales puntos de preocupación estuvo relacionado con la continuidad de las actividades académicas durante 2027. En el documento, los representantes del sector cuestionaron también el Presupuesto nacional previsto para el próximo año y alertaron que, sin recursos suficientes, las universidades podrían enfrentar serias dificultades para sostener su funcionamiento. Además, las organizaciones convocantes denunciaron que el Gobierno acumula una deuda salarial del 32% con los docentes, una situación que profundiza el conflicto con el sector educativo.
La jornada también estuvo marcada por incidentes entre manifestantes y efectivos policiales en las inmediaciones del Congreso. Según los reportes de la movilización, se registraron destrozos en las veredas y lanzamiento de piedras contra la Policía, que utilizó un camión hidrante y gases para dispersar a parte de la concentración. Ante la convocatoria, las autoridades nacionales y porteñas habían dispuesto un operativo de seguridad con vallados en sectores cercanos al Congreso y a Plaza de Mayo.
En paralelo al reclamo en las calles, la disputa por el financiamiento universitario continúa en el ámbito judicial. La Justicia suspendió provisoriamente las multas diarias de $100.000 que se habían fijado contra el Gobierno por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas con la ley. En este contexto, la comunidad universitaria insistió en que el financiamiento de las instituciones públicas debe garantizarse mediante decisiones concretas y recursos suficientes, y advirtió que la falta de respuestas amenaza la continuidad de las actividades educativas, científicas y de investigación en todo el país.