La preocupación crece en el ámbito educativo de Tucumán tras confirmarse que ya son más de 80 las denuncias por amenazas vinculadas a posibles tiroteos en establecimientos escolares, tanto públicos como privados.

En diálogo con Vivo Mediodía, Brenda Deroy, secretaria de Justicia Adversarial, detalló que las causas están siendo investigadas bajo la figura de intimidación pública, ya que en su mayoría los mensajes hacen referencia a ataques en fechas específicas, principalmente los días viernes.

“La gran mayoría de las amenazas tienen el mismo tenor, refiriéndose a posibles tiroteos”, explicó la funcionaria.

Respecto a la modalidad, Deroy indicó que las anotaciones en paredes de baños y pasillos son la principal vía utilizada, mientras que en menor medida también se detectaron mensajes en redes sociales y textos enviados por celular.

Las causas fueron unificadas el pasado viernes en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos por decisión institucional. A partir de ese momento, se activaron los protocolos de investigación, incluyendo relevamientos en escuelas para preservar pruebas, como imágenes y registros fílmicos.

Además, durante el fin de semana se realizaron allanamientos en domicilios particulares, con autorización judicial, donde se secuestraron dispositivos móviles que serán peritados para avanzar en la identificación de los responsables.

La funcionaria remarcó que no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo la posible participación de adultos detrás de los hechos o la influencia de desafíos virales en redes sociales.

En ese sentido, subrayó la importancia del rol de las familias: “Es clave que los padres hablen con los menores sobre las consecuencias, no solo penales sino también civiles, que pueden derivarse de este tipo de conductas”.

Si bien reconoció que el número de casos es inusual, Deroy aclaró que se trata de un fenómeno que trasciende la provincia, con antecedentes en otras jurisdicciones del país e incluso a nivel internacional.

Por otro lado, también se refirió a un hecho ocurrido en la Escuela de Comercio N°1, donde a un alumno se le cayó una navaja desde la mochila. En ese caso, aclaró que no hubo amenazas ni delito configurado, aunque se dio intervención a organismos especializados para el seguimiento y contención del menor.

Finalmente, destacó la colaboración de las familias en el proceso investigativo, muchas de las cuales pusieron a disposición los teléfonos celulares de los estudiantes para contribuir con el esclarecimiento de los hechos.