Cinco profesionales del Centro de Salud quedaron imputados por la muerte de un hombre de 57 años ocurrida en febrero de 2025. Los médicos podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión si se demuestra que Francisco Molina falleció a causa de la mala atención recibida en ese hospital.
El hombre, padre de tres hijos y a la espera de su primer nieto, se desempeñaba como docente en una fundación. No había tenido grandes problemas de salud, recuerda su hijo, quien definió a ese viernes como un día normal. Fue cuando su padre sintió el primer dolor. Cinco días después, estaba muerto.
La cirugía que no fue
El 7 de febrero del año pasado, Molina sintió fuertes dolores abdominales y su hijo resolvió llevarlo a la guardia del hospital Avellaneda. Allí se le detectó una hernia supraumbilical, es decir, una protuberancia del abdomen por encima del ombligo, producida por una lesión en los músculos que ocasionaron el desborde de una porción del intestino. Ese mismo día le informaron que debía ir a cirugía, por lo que harían una interconsulta.
Sin embargo, la situación se precipitó cuatro días más tarde. Molina volvió al hospital Avellaneda, esta vez ya con náuseas, sudoración y un dolor más agudo aún. Horas más tarde, su estado empeoró y una tomografía confirmó que la única forma de salvarle la vida era con una cirugía de emergencia. Por ello, fue derivado de manera urgente al Centro de Salud.
“Fuimos en una ambulancia con la sirena prendida”, recuerda Andrés Molina, su hijo. “La situación era urgente, pero en el Avellaneda no había quirófano”, agrega.
Sin embargo, al llegar no fue derivado al quirófano, tal como venía ordenado desde el Hospital Avellaneda. De acuerdo a la acusación, fue atendido por la médica Agustina Suárez, quien sólo lo atendió realizándole una “maniobra de reducción manual”, es decir, un intento de devolver la porción de intestino estrangulada a su lugar.
Además, según se consigna en la denuncia, el jefe de guardia, Adrián Orlando Rojas indicó tratamiento sólo contra los síntomas: analgésico, antiinflamatorio y protector gástrico. A la medianoche es revisado por una tercera profesional que, de acuerdo a la acusación, dejó asentado que el paciente ya casi no tenía dolor (sólo al tacto) y que la inflamación se había reducido. Por ello, asegura la fiscalía, le dio el alta, pese a haber recibido al paciente con un cuadro grave cuyo único tratamiento era una cirugía de emergencia.
Andrés recuerda esas horas: “él ingresó y quedó incomunicado. Nosotros quedamos afuera, muchas horas. Creíamos que lo estaban operando. Nunca nos imaginamos que lo tenían sentado en una silla, con suero, muriéndose de dolor”.
Molina fue a su casa pero, apenas acabó el efecto de los calmantes, volvió a sentirse mal y fue llevado de emergencia al Hospital Avellaneda. Allí, su respiración comenzó a fallar, fue intubado, sufrió dos paros cardiorrespiratorios y murió. “Si mi padre hubiera sido atendido e intervenido quirúrgicamente como se indicó en un primer momento, hoy yo no estaría realizando esta denuncia y él estaría con vida”, sostuvo su hijo Francisco en la demanda que presentó.
“No lo podíamos creer. Cinco días antes, mi papá estaba bien. Hicimos todo lo que nos fueron diciendo, cada estudio, cada consulta, cada análisis. Yo creo que se murió del dolor, el corazón no le resistió. No es justo que haya terminado así, no es justo”, recuerda su hijo.
Encubrimiento
Andrés consultó a varios médicos para entender lo que le había pasado a su papá y las respuestas eran siempre las mismas: no había otra manera de salvarle la vida más que operándolo. Realizó la denuncia de inmediato, representado por el abogado Juan Pablo Bello. En la presentación, reclamaron que se investigue a los tres médicos del Centro de Salud que no le practicaron la cirugía. Solicitaron la intervención de la fiscalía de Homicidios y su titular, Pedro Gallo, se hizo cargo de la investigación.
Una de las pruebas centrales del caso se hallaba en un documento llamado “formulario de derivación”. Se trata del escrito elaborado por personal del Hospital Avellaneda, dirigido a los médicos del Centro de Salud, en el que se indicaba la necesidad de la cirugía de urgencia y el cuadro clínico del hombre.
Sin embargo, el documento nunca apareció. Cuando la Fiscalía ordenó al Centro de Salud que lo remita, desde el nosocomio simplemente respondieron que “no se cuenta con el formulario de derivación”. Esa respuesta provocó la apertura de una nueva causa, esta vez por presunto encubrimiento, contra personal del Centro de Salud.
Una investigación récord
Las causas por el homicidio y por el encubrimiento se unificaron y la fiscalía avanzó con rapidez. La investigación arrojó cinco nombres: Adrián Orlando Rojas, Agustina de Lourdes Suárez; Julieta Mena, Martín Isaías Brito y Jorge Gustavo Salomón. Todos quedaron imputados el lunes, a pedido del fiscal, por homicidio culposo por mala praxis médica, delito que puede ser penado con hasta cinco años de prisión.
“La celeridad de la investigación fue gracias al trabajo de la fiscalía, pero también al impulso de la querella. Sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de los médicos imputados y que, entre ellos, hay cuatro jefes, porque el hecho abarcó dos turnos”, analizó el abogado de la familia, Juan Pablo Bello.
Según detalla la querella, se realizó una junta médica que concluyó lo siguiente:
“La derivación quirúrgica del Hospital Avellaneda al Hospital Centro de Salud resultó adecuada y completa.”
“En el Hospital Centro de Salud no se cumplieron los protocolos vigentes para el manejo de abdomen agudo quirúrgico.”
“El proceder médico no fue acorde a la patología o enfermedad que presentaba el causante y probablemente ocasionó su muerte.”
“La administración de analgésicos en el Hospital Centro de Salud debió haberse suspendido, solicitándose en su lugar exámenes y estudios complementarios que no se realizaron.”
“La reducción manual de una hernia atascada constituye una maniobra no recomendable en casos donde el TAC abdominal sugiere compromiso vascular y neumoperitoneo.”
“El alta médica no era justificada ni prudente.’ “La causa de muerte fue un shock relacionado a un abdomen agudo quirúrgico por una hernia umbilical estrangulada.”
La causa generó sorpresa en el ámbito judicial, puesto que en nuestra provincia nunca se realizó un juicio oral por mala praxis médica, al menos en las últimas décadas. Sólo un caso llegó a esa instancia pero el procedimiento se aplazó para agosto de este año. Es el de Matías Juárez, el niño que ingresó en 2016 al sanartorio San Lucas por una cirugía de amígdalas y terminó muerto.
“Nunca más”
Andrés Molina dice que, a veces, no puede creer todo lo que pasó. “Volvimos a casa destrozados: él era todo para mi mamá. Estaban por cumplir 40 años de casados y eran muy compañeros, hacían todo juntos”, recuerda.
Francisco era un hombre sano, cuenta Andrés “y además estaba muy ilusionado: estaba por ser abuelo en pocos meses”. La beba nació en junio y llevó algo de alegría a una familia que tomó dos determinaciones mientras hacía el duelo. La primera, denunciar a los profesionales que no lo operaron.
La segunda, rechazar cualquier tipo de arreglo económico: “no, no queremos plata. Lo único que queremos ya no va a volver, es mi papá. Pero hicimos esta demanda para que no le pase a nadie más lo que le pasó a mi papá. Nadie se merece sufrir así, nadie se merece morir de dolor en la silla de un hospital. No queremos que pase nunca más”.
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