Una mujer y un hombre fueron condenados a 8 y 12 años de prisión, respectivamente, por haber manejado una red de trata de personas desde un establecimiento penitenciario entre diciembre de 2021 y abril de 2023. En el marco de un juicio abreviado donde ambos reconocieron su responsabilidad, la jueza Carina Farías, que integró de manera unipersonal el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, los considero responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada en contra de ocho mujeres.
Como los dos involucrados ya habían sido condenados por este delito en 2019, el tribunal los consideró reincidentes. En el proceso intervino la Fiscalía General ante el TOCF de Tucumán, a cargo del fiscal general subrogante Pablo Camuña, con la intervención de los auxiliares fiscales Daniel Weisemberg y Lucía Doz Costa.
A pedido de la fiscalía, la jueza federal ordenó una reparación económica integral para las 8 víctimas por 130.048.548,04 pesos. Ese monto está compuesto por la ganancia ilícita de los imputados junto con el lucro cesante y el daño moral sufrido por las víctimas, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas. El cálculo de la reparación económica fue elaborado con intervención de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El acuerdo de juicio abreviado fue realizado la Fiscalía General ante el TOCF de Tucumán y contó con la conformidad de las querellas de la Fundación María de los Ángeles y de una de las víctimas, quien fue representada por el Defensor Oficial de Víctimas. Las damnificadas participaron de manera remota de la audiencia y fueron asistidas e informadas de los alcances del acuerdo por la Dirección Provincial de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas.
El caso
La investigación permitió acreditar que Walter Ayala dirigió una organización criminal desde la Unidad N° 1 del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza, donde se encontraba detenido por una condena previa por trata de personas. Para llevar a cabo estas maniobras, utilizaba teléfonos celulares no autorizados, mediante los cuales mantenía contacto permanente con las víctimas y con Alejandra Galván, la otra implicada en la maniobra. De esa forma, impartía instrucciones sobre horarios, turnos, precios, distribución de mujeres entre los distintos departamentos y modalidades de atención a los clientes.
En la causa también se determinó que, pese a los controles penitenciarios, Ayala utilizó teléfonos celulares dentro del establecimiento carcelario. Durante distintos procedimientos fueron secuestrados varios dispositivos electrónicos en su celda, junto con anotaciones vinculadas a la explotación sexual, nombres de mujeres, números telefónicos y registros de recaudación. Ayala también controlaba las publicaciones de ofrecimiento sexual en la página Skokka, definía los nombres de fantasía utilizados por las víctimas y supervisaba las fotografías y videos de contenido sexual que luego eran publicados para promocionar los servicios.
De esta forma, se logró acreditar que, entre diciembre de 2021 y abril de 2023, Ayala y Galván captaron y explotaron sexualmente a diversas mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social, a quienes contactaban a través de publicaciones laborales en redes sociales. Luego, las incorporaban a un circuito prostibulario que funcionaba en distintos departamentos ubicados en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
La organización ofrecía los servicios sexuales mediante publicaciones en el sitio web Skokka, redes sociales y WhatsApp. Para ello, utilizaba las y fotografías de las víctimas bajo nombres falsos. Ayala y Galván fijaban precios, controlaban horarios, administraban las publicaciones y retenían gran parte de las ganancias obtenidas.
De acuerdo a la investigación, Galván cumplía funciones presenciales esenciales para el desarrollo de estas maniobras: asistía regularmente a los departamentos donde se realizaban los encuentros sexuales, “supervisaba” a las víctimas, controlaba la actividad diaria y recaudaba el dinero proveniente de los “pases”. Además, era la persona encargada de tomar fotos y filmaciones de contenido sexual para la publicación y coordinaba ingresos, egresos y reemplazos de mujeres en los distintos inmuebles explotados.
Dentro de un marco de sometimiento y control, Ayala les exigía a algunas víctimas que le envíen fotos y videos eróticos y que lleven adelante videollamadas de contenido sexual para fines personales, aprovechándose de la situación de subordinación en que se encontraban.
El circuito del dinero
La organización operaba mediante un sistema combinado de cobros en efectivo y pagos electrónicos. Para ello, los imputados utilizaban terminales electrónicas de cobro, billeteras virtuales, cuentas digitales y plataformas financieras como Mercadopago, Ualá y Tarjeta Naranja, a través de las cuales administraban la recaudación proveniente de los pases sexuales.
Desde el penal, Ayala controlaba las cuentas virtuales y los movimientos económicos de la organización, mientras que Galván supervisaba presencialmente la recaudación en los departamentos donde se concretaban los encuentros sexuales. La pesquisa detectó transferencias compatibles con pagos de pases, reintegros parciales a las víctimas y operaciones destinadas al pago de anuncios en la web que utilizaban, además de compras vinculadas a la actividad prostibularia.
La evidencia reunida también permitió establecer que las cuentas utilizadas por la organización registraban operaciones frecuentes con cuentas asociadas a Ayala, Galván y familiares directos de ambos. Además, en los allanamientos se secuestraron dispositivos electrónicos, terminales de cobro, tarjetas bancarias y documentación vinculada con la administración financiera de la explotación sexual.
Fuente Fiscales.gob.ar