El enfrentamiento se centra en el cálculo de una deuda indemnizatoria por Daños y Perjuicios. Mientras la concesionaria propone una base regulatoria de $1.462 millones, el Gobierno, a través de la Fiscalía de Estado, sostiene que el monto real de la condena —actualizado según sentencia firme— asciende a solo $183,5 millones.
Los Números en Conflicto y la Decisión de la Provincia
El abogado del Estado, Aldo Luis Cerutti, presentó un escrito ante la Cámara Contencioso Administrativo argumentando que la cifra reclamada por TTSA ignora los términos de la sentencia judicial firme.
- Reclamo de TTSA: Aproximadamente $1.500 millones.
- Monto Reconocido por la Provincia: $183,5 millones (a pagar en 2026, conforme a la Ley Provincial 8851).
El Estado provincial enfatizó que la sentencia firme (Sentencia 820/2017) dispuso claramente que la actualización del capital debe hacerse aplicando la tasa activa del Banco Nación. El argumento oficial es simple: dado que la demanda original se presentó sin un monto económico fijo, la base regulatoria no puede desviarse del capital de condena ya actualizado y determinado por el Tribunal.
Doble Problema: Otro Juicio por $2.600 Millones
Este pleito se desarrolla en un contexto de alta tensión, ya que el vínculo contractual con TTSA finaliza el próximo 27 de octubre y la Provincia ya anunció que no renovará la concesión, optando por una nueva licitación.
Además, este no es el único frente legal abierto. En un juicio paralelo, Terminal del Tucumán S.A. reclama al Estado provincial una suma aún mayor: $2.600 millones.
La Justicia tiene ahora la palabra para definir cuál será el monto final que la Provincia deberá desembolsar, resolviendo si prevalece la millonaria pretensión de la concesionaria o el cálculo mucho más austero ofrecido por el Estado.