Este martes 3 de febrero se llevó a cabo una audiencia multipropósito en la que fue formalmente imputada Justina Gordillo, de 48 años, acusada del delito de encubrimiento doblemente agravado, tanto por favorecimiento personal como por su condición de empleada judicial. Además, la Justicia resolvió dictarle prisión preventiva por el término de tres meses.
La audiencia se desarrolló entre las 14:00 y las 18:04 y estuvo encabezada por el fiscal Pedro Gallo, titular de la Fiscalía de Homicidios I del Ministerio Fiscal, quien fue el encargado de exponer la acusación. Durante la jornada, la defensa de la imputada se opuso a la formulación de cargos y solicitó la absolución de Gordillo, planteo que fue rechazado por el juez interviniente.
Posteriormente, el fiscal Gallo solicitó la prisión preventiva por el plazo de tres meses, al considerar que existían riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La defensa volvió a oponerse a esta medida, sin embargo, el magistrado resolvió hacer lugar a lo requerido por el Ministerio Público Fiscal.
Tras conocerse la resolución, la defensa impugnó la decisión judicial y argumentó que Gordillo presenta problemas psiquiátricos, una afección tiroidea que requiere tratamiento médico y que además es madre de dos hijos menores de edad.
El hecho que se le atribuye
Según la investigación, luego de que Felipe Sosa, alias “El Militar”, presuntamente asesinara a Erika Antonella Álvarez, Gordillo habría concurrido en reiteradas oportunidades al domicilio del acusado, permaneciendo allí durante distintos períodos de tiempo.
Para la Fiscalía, la mujer colaboró activamente en el ocultamiento de pruebas, entre ellas el teléfono celular de la víctima y la camioneta que posteriormente fue secuestrada por los investigadores. Ese vehículo habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Álvarez hasta la zona de Manantial Sur, donde fue arrojado.
La situación de Felipe Sosa
Felipe Sosa, de 50 años, fue detenido el pasado 16 de enero en Pilar, provincia de Buenos Aires, y está imputado como autor del homicidio de Erika Antonella Álvarez.
El 21 de enero de 2026 se realizó la audiencia de control de detención, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción. En esa instancia, intervinieron el fiscal Carlos Picón, a cargo de la Unidad Especializada en Homicidios de Feria, junto al auxiliar de fiscal Guillermo Giordano.
Durante esa audiencia, el Ministerio Público Fiscal formuló la acusación con calificación legal provisoria de homicidio en calidad de autor y solicitó la prisión preventiva por seis meses, al considerar acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento del proceso. El juez actuante hizo lugar al planteo.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre la madrugada del 7 de enero —alrededor de las 03:12— y la mañana del 8 de enero de 2026, en Yerba Buena, Sosa habría asesinado a Álvarez mediante violencia física directa y extrema, provocándole múltiples traumatismos cráneo-faciales y cervicales.
Tras el crimen, el acusado habría colocado el cuerpo en tres bolsas de consorcio, encintadas y atadas con sogas con nudos especiales, para luego trasladarlo en un vehículo hasta un descampado utilizado como basural en El Manantial Sur, donde fue hallado el 8 de enero cerca de las 16:00.
El informe preliminar de autopsia determinó como causa de muerte traumatismo cráneo facial y cervical, con luxación temporomandibular, hematomas múltiples y lesiones cervicales, compatibles con un mecanismo de violencia ejercido por un tercero.