La Legislatura de Tucumán realizó una nueva sesión ordinaria, presidida por el vicegobernador y titular de la Cámara, Miguel Acevedo, en la que aprobó cuatro designaciones judiciales y un conjunto de iniciativas vinculadas con la inclusión, la salud, la seguridad deportiva y la protección ambiental.

En primer lugar, el cuerpo legislativo otorgó acuerdo a los pliegos de César Luis Robles, como vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala I; Fernando García Hamilton, como vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común, Sala III; Marcos Gastón Mauvecín, como juez en lo Civil en Documentos y Locaciones de la VII Nominación; e Ileana Caillou Chávez, como jueza subrogante en lo Civil en Familia y Sucesiones de la XII Nominación. Todos los cargos corresponden al Centro Judicial Capital.

Acevedo explicó que las propuestas fueron remitidas por el Poder Ejecutivo luego de cumplir con las entrevistas y los procedimientos administrativos previstos por la ley, por lo que los cuatro pliegos pudieron ser tratados y aprobados en el recinto.

Uno de los proyectos destacados de la jornada fue la adhesión de Tucumán a la Ley Nacional N.º 27.710 de Lengua de Señas Argentina, aprobada por unanimidad. La iniciativa busca fortalecer el reconocimiento de esta lengua y promover acciones desde los distintos poderes del Estado para garantizar el acceso a la comunicación y la igualdad de oportunidades de las personas que la utilizan.

El vicegobernador valoró el consenso alcanzado y destacó la participación de las instituciones y los jóvenes que acercaron sus propuestas a la Legislatura. También remarcó la importancia de mantener una Cámara abierta a las demandas de la sociedad y de avanzar en políticas que promuevan la inclusión.

Protección integral para personas con Enfermedades Poco Frecuentes

Durante la sesión también se aprobó una ley destinada al cuidado integral y la protección de los derechos de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF), con el objetivo de impulsar políticas de atención que contribuyan a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

La norma considera EPOF a las enfermedades cuya prevalencia es igual o inferior a una persona cada 2.000 habitantes. Además, incorpora estas patologías al sistema provincial de Enfermedades de Notificación Obligatoria y crea un Registro Provincial Centralizado de Personas con Enfermedades Poco Frecuentes.

El registro deberá garantizar la protección de los datos personales y la confidencialidad de la información de quienes sean incorporados.

Seguridad obligatoria en espacios deportivos y recreativos

Otro de los proyectos aprobados establece la obligatoriedad de implementar medidas de seguridad para la instalación, sujeción, anclaje y mantenimiento de elementos utilizados en actividades deportivas y recreativas, tanto en establecimientos públicos como privados.

La iniciativa alcanza a arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros y tableros de básquet, postes de redes de vóley y otros equipamientos similares. Su finalidad es prevenir accidentes y proteger la integridad física de niños, niñas, adolescentes y demás personas que concurren a estos espacios.

La propuesta, conocida como “Ley Joaquín”, surgió a partir de la muerte de Joaquín Stefano Gatto, ocurrida el 5 de enero de 2025 en Neuquén. El caso puso en evidencia la necesidad de establecer medidas concretas de prevención para evitar nuevos accidentes de estas características.

La Rana Marsupial de la Banderita fue declarada Monumento Natural Provincial

En materia ambiental, la Legislatura aprobó la declaración de la Rana Marsupial de la Banderita (Gastrotheca gracilis) como Monumento Natural Provincial y estableció el 7 de diciembre como su día provincial.

La ley declara de interés público la investigación científica y las acciones destinadas a la conservación, recuperación y reintroducción de esta especie en territorio tucumano. También contempla actividades educativas y de concientización para promover su protección y la preservación de su hábitat en las Yungas.

Además, establece el máximo grado de protección legal para la rana y prohíbe su caza, captura, persecución, tenencia, traslado y comercialización, así como cualquier otra acción que pueda poner en riesgo su supervivencia, conservación o reproducción.