El Congreso de la Nación vuelve a la actividad este lunes con el inicio formal del período de sesiones extraordinarias. Convocado por el presidente Javier Milei a través del Decreto 24/2026, el Parlamento tendrá hasta el 27 de febrero para tratar una agenda acotada pero de alto voltaje político, dominada por la Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.
La estrategia de la Casa Rosada es clara: conseguir la sanción de estas iniciativas clave antes de la apertura de las sesiones ordinarias del 1° de marzo. Sin embargo, el escenario legislativo se presenta complejo. El oficialismo combina reuniones de su mesa política con negociaciones contrarreloj con gobernadores y bloques aliados, sabiendo que los votos, especialmente en el Senado, aún no están garantizados.
El nudo fiscal de la Reforma Laboral
Si bien la Ley de Modernización Laboral es la nave insignia del Gobierno para este mes, el capítulo fiscal del proyecto se ha convertido en el principal obstáculo. La iniciativa propone una reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades (bajando alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5%), lo que impacta directamente en las arcas provinciales al ser un tributo coparticipable.
Según las proyecciones del Presupuesto 2026, esta medida implicaría una baja de recaudación de $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones dejarían de ir a las provincias. Esto se traduce en una pérdida promedio de $144.000 millones mensuales para las jurisdicciones.
Ante este panorama, los gobernadores “dialoguistas” han condicionado su apoyo a la existencia de un mecanismo de compensación. Según trascendió, el Ejecutivo evalúa un esquema de compensaciones paralelas para destrabar la negociación, mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, busca blindar los apoyos necesarios para una media sanción en febrero.
Debate penal y otros proyectos
El otro gran eje es la Baja de la Edad de Imputabilidad. La intención de máxima del Gobierno es fijarla en 13 años, aunque admiten que podrían ceder hasta los 14 años para lograr consenso, tal como se dictaminó el año pasado. Desde el PRO advirtieron sobre la capacidad del sistema para absorber el aumento de la población carcelaria juvenil, mientras que el kirchnerismo y sectores de izquierda ya anticiparon su rechazo total.
El temario de extraordinarias también incluye:
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La adecuación de la Ley de Glaciares.
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El acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea (a la espera del envío oficial).
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La designación de Fernando Iglesias como embajador.
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La posible inclusión de la Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, reclamada por los gobernadores del sur y apoyada por el PRO ante los incendios forestales.
Tensión política en aumento
El clima previo al debate estuvo marcado por la confrontación. Mientras la ministra Patricia Bullrich asegura que el acuerdo con los bloques dialoguistas “está consolidado”, el kirchnerismo presiona a los gobernadores peronistas para que rechacen las reformas. A esto se suma la amenaza de movilizaciones por parte de los gremios combativos y la escalada verbal entre el Gobierno nacional y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en redes sociales.