El oficialismo hizo caer este jueves la sesión del Senado en la que la oposición buscaba avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado por las inconsistencias en su declaración jurada y por la rectificación patrimonial con la que incorporó más de 500 mil dólares que no habían sido informados originalmente. Así, se terminó de consumar el blindaje que había empezado en la Cámara de Diputados.
La maniobra fue concreta: los senadores de La Libertad Avanza ingresaron al recinto, pero no ocuparon sus bancas. Sin ese movimiento, no se llegó al quórum de 37 legisladores necesario para abrir el debate. El peronismo tampoco terminó de sentarse para habilitar la sesión y el intento opositor quedó frustrado.
El Gobierno decidió no correr el riesgo de una votación adversa. La sesión había sido convocada para tratar una agenda que incluía el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y convenios internacionales, pero el centro político de la jornada era otro: el pedido para citar a Adorni y abrir el camino a una eventual moción de censura.
La discusión estaba puesta en el procedimiento. La oposición pretendía habilitar el tratamiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que permite interpelar al jefe de Gabinete y, eventualmente, avanzar con una moción de censura. El oficialismo y sus aliados establecieron que se necesitaban dos tercios para incorporar el tema.
En ese escenario, La Libertad Avanza optó por evitar el debate. Antes de que se cayera la sesión, el oficialismo había ofrecido convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los proyectos de interpelación. Pero la falta de garantías sobre el comportamiento de radicales, provinciales y del propio PRO encendió las alarmas en la Casa Rosada.
La presión creció después de que Adorni rectificara sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción e incorporara bienes y dinero que no habían sido declarados. El funcionario atribuyó ese incremento patrimonial a inversiones en criptomonedas realizadas antes de llegar al Gobierno, pero sus explicaciones abrieron un nuevo frente político y judicial.
La oposición sostiene que Adorni mintió cuando aseguró en el Congreso que tenía todo correctamente declarado. Por eso, impulsa la interpelación como primer paso institucional antes de una posible moción de censura, un mecanismo previsto por la Constitución para exigir responsabilidad política al jefe de Gabinete.
Por ahora, el Gobierno logró ganar tiempo. Pero lo hizo al costo de dejar una imagen fuerte: bancas vacías, una sesión frustrada y un oficialismo que evitó discutir en el recinto la situación del funcionario más expuesto del gabinete de Javier Milei.

