A dos semanas del debate en la Cámara baja, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Población y Desarrollo Humano del Senado aprobaron el dictamen del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad. Con excepción de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, todos los bloques avalaron el despacho elaborado en la Cámara de Diputados.

El dictamen firmado este miércoles tuvo el acompañamiento de La Libertad Avanza, el Justicialismo, la Unión Cívica Radical, el Pro, de Convicción Federal y de Moveré por Santa Cruz.

Los vocales de Presupuesto y Hacienda ausentes fueron Silvana Schneider, Flavio Fama y Beatriz Ávila; y de Población y Desarrollo Humano, Daniel Bensusán y Victoria Huala.

Según fuentes consultadas por el sitio Parlamentario, este dictamen tiene chances de ser llevado al recinto de la Cámara alta el próximo jueves 19 de noviembre. Seguramente el temario también contemple el Tratado de Cooperación en materias de Patentes que fue firmado el pasado 15 de octubre del 2026. A su vez, también habría sesión ordinaria el jueves 26, por lo que no está descartado que pueda tratarse en esa cita.

El texto que obtuvo dictamen

El proyecto de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” replica casi todo el esquema de la ley de emergencia 27.793, que el Congreso sancionó contra la voluntad del Gobierno, pero le quita el carácter transitorio. Mantiene la pensión no contributiva, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y su compatibilidad con un empleo formal o el monotributo mientras los ingresos no superen los dos salarios mínimos. Conserva el nomenclador único y la actualización mensual de los aranceles por inflación, y garantiza la cobertura de Incluir Salud.

Los cambios que el oficialismo aceptó en el recinto de Diputados fijaron los requisitos en la ley y no en la reglamentación del Ejecutivo, y agregaron una partida específica en el Presupuesto 2027 que, si no alcanza, se cubre con fondos del Tesoro. El Gobierno tiene además 30 días para presentar un cronograma de pagos a los prestadores y un máximo de 90 para cancelar las compensaciones pendientes, que rondan los $278.323 millones.

El costo es el reparo que mantiene el Ejecutivo. La Oficina de Presupuesto del Congreso lo estimó en unos $600.000 millones para 2027, el 0,04% del PBI, y en $1,2 billones para 2028, el 0,07%, con el padrón completo.

El PJ acompaña el texto

En el comienzo de la reunión, Alicia Kirchner, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, puso el foco en el consenso logrado en el Salón Azul y lo vinculó al “interés” del Senado en abordar la problemática. También recordó el vencimiento de la Emergencia en Discapacidad del próximo 31 de diciembre, y por ello destacó la importancia de darle sanción a la ley “antes de terminar el período legislativo”.

El senador chubutense Carlos Linares, autor de un proyecto de prórroga de la Emergencia, señaló que “hay una gran desesperación del colectivo de la discapacidad”. De todos modos, el integrante del bloque Justicialista decidió retirar el texto de su autoría y expresó: “Voy a acompañar este dictamen que vino de Diputados que no es lo ideal, porque debemos seguir trabajando”.

Linares puso el foco en las asignaciones presupuestarias dentro del proyecto de Presupuesto 2027 y adelantó que, cuando la “ley de leyes” arribe al Senado, será revisada esa cuestión. “Debemos despejar la incertidumbre que tiene el colectivo de discapacidad”, sumó. Minutos después la senadora mendocina Mariana Juri de la Unión Cívica Radical también se manifestó en ese sentido.

Bullrich destacó el proyecto y pidió por el “mecanismo de control”

Cuando llegó su momento de tomar la palabra, Patricia Bullrich, jefa de bancada de La Libertad Avanza, destacó el consenso del contenido del dictamen y puso el foco en la transparencia: “Esto no es un plan social y es importante tenerlo claro”. En ese momento le pidió a las provincias y municipios –y a las autoridades de aplicación del Ejecutivo– “tener un mecanismo de control que realmente permita que no estemos en una situación de enorme duda antes pensiones otorgadas como mecanismo de «plan social»”.

Sobre el dictamen firmado, consideró que “busca dar una respuesta permanente a las personas con discapacidad y a las familias”. Asimismo, añadió que la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad “le da continuidad a las prestaciones y control a las pensiones que están muy por encima de la media que cualquier pueblo tiene”.

En tal sentido, destacó como “importantes” la compatibilidad de la Pensión con el empleo formal hasta dos salarios mínimos; la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud (o la denominación que adopte ese programa en el futuro), y la realización de auditorías periódicas destinadas a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para conservar el derecho a percibir la pensión, “para que no paguen justos por pecadores y que vaya a quienes realmente lo necesitan”, explicó.

Transportistas celebraron el dictamen y reclaman que se convierta en ley

Tras conocerse el dictamen positivo, la Federación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis), que conduce el rosarino Pablo Bolego, señaló: “El proyecto tuvo dictamen de mayoría en el senado iguala como llegó de diputados así que estamos conformes principalmente porque estuvimos en la imposibilidad de avanzar con la ley de emergencia en discapacidad y el proyecto regresivo que en principio había presentado el Ejecutivo tuvo las modificaciones con los artículos principales que incluye la ley de emergencia en discapacidad”.

Bolego enfatizó que el colectivo en discapacidad “se encuentra en emergencia”, y reclamó que “el próximo 19 de noviembre se trate en el recinto y se vote finalmente esta ley que brinda herramientas a las personas con discapacidad para poder sostener sus prestaciones, sus pensiones y principalmente su calidad de vida”.

Por último, el titular de fatadis adelantó: “Nos queda por delante estar atentos para que en el Presupuesto 2027 se incluyan las partidas necesarias para que las prestaciones básicas para personas con discapacidad también estén garantizadas con los recursos correspondientes”.