La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo y con media sanción del Senado. La iniciativa obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, correspondientes a diputados de Córdoba, cuyos votos resultaron decisivos para el triunfo del Gobierno.
Durante el debate, La Libertad Avanza debió ceder en uno de los puntos más controvertidos: la derogación de la Ley de Tierras de 2011, que regula la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto también incluyó la eliminación del DNU 70/2023, lo que llevó al oficialismo a aceptar la continuidad de la normativa impulsada durante el kirchnerismo.
Con las modificaciones introducidas, el texto deberá regresar al Senado, que tendrá que decidir si acepta los cambios aprobados por Diputados o insiste con la versión original.
La Libertad Avanza debió dejar en vigencia la Ley de Tierras
La votación estuvo marcada por las negociaciones entre los bloques. Para preservar la vigencia del DNU 70/2023, La Libertad Avanza terminó cediendo en la derogación de la Ley de Tierras, con el respaldo de sectores que también rechazaban eliminar esa normativa, entre ellos el PRO y la UCR.
De esta manera, quedó reincorporada la ley sancionada en 2011, luego de que el Senado ya hubiera eliminado del proyecto el capítulo referido al uso de tierras afectadas por incendios.
Expropiaciones con mayores requisitos
La iniciativa establece condiciones más estrictas para que el Estado pueda expropiar propiedades privadas. Entre otros puntos, exige que exista una declaración de utilidad pública y que la indemnización se pague previamente, tomando como referencia el valor de mercado e incorporando el reconocimiento del lucro cesante.
Los críticos advierten que estos requisitos podrían dificultar la ejecución de obras públicas que requieran incorporar terrenos privados, debido al aumento de las exigencias para concretar una expropiación.
Desalojos más rápidos y protección para personas vulnerables
Otro de los ejes centrales del proyecto es la agilización de los desalojos de inmuebles ocupados, mediante procesos judiciales sumarísimos. El diputado oficialista Santiago Santurio sostuvo que la medida busca restituir rápidamente las propiedades a sus dueños y evitar que las ocupaciones desalienten la oferta de alquileres.
Para los inmuebles destinados a vivienda, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino por falta de pago y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda. Si no lo hace, podrá iniciar el desalojo, cuyo trámite tendrá un plazo adicional de diez días hábiles.
La norma también contempla la posibilidad de solicitar la desocupación inmediata bajo caución juratoria en casos de falta de pago o vencimiento del contrato. Si posteriormente se demuestra que el propietario ocultó información o documentación para obtener esa medida, podrá recibir una multa de hasta diez veces el valor del alquiler mensual.
En los casos en que vivan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para garantizar una alternativa habitacional transitoria. Esta asistencia tendrá un plazo máximo de diez días y no suspenderá el proceso judicial.
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