A un año de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el debate sobre las consecuencias políticas y judiciales del fallo volvió a instalarse en la escena pública. Mientras sectores del kirchnerismo reclamaron su liberación durante un acto realizado en Parque Lezama, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti afirmó que el expediente ya no tiene instancias pendientes.
“Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema. Nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay nada más que decir”, sostuvo el magistrado al ser consultado sobre los cuestionamientos impulsados por la militancia peronista.
Si bien evitó pronunciarse sobre el contenido de la sentencia, Lorenzetti señaló que comprende las discrepancias que genera la decisión judicial. “Entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado”, remarcó.
Durante una entrevista con TN, el integrante del máximo tribunal también defendió el valor de las instituciones y advirtió sobre los riesgos de erosionar su legitimidad. “Tenemos que ser cuidadosos porque las instituciones han sido para tutelar a los débiles frente a los fuertes; si las vivimos desprestigiando, en definitiva, lo que logramos es debilitar a la gente común que no tiene quien los proteja”, expresó.
En ese marco, aseguró que la Corte actuó en este caso del mismo modo que en cualquier otro expediente. Según explicó, la causa llegó al tribunal mediante un recurso de queja que finalmente fue rechazado por cuestiones formales.
“Creo que hay muchas cosas para criticar del Poder Judicial, pero no esa”, afirmó. Y agregó que, aunque los casos de alto impacto merecen debate y cuestionamientos, también debe reconocerse el costo institucional que implica la condena de un ex jefe de Estado. “También es cierto que no es bueno en ningún país del mundo el encarcelamiento de un ex presidente porque es una tragedia institucional”, señaló.
Las declaraciones de Lorenzetti se produjeron luego de la movilización realizada por sectores kirchneristas en Parque Lezama. Allí, el diputado nacional Máximo Kirchner pronunció un encendido discurso en respaldo de la ex mandataria y la ubicó como referencia central del espacio de cara al futuro político.
“Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”, afirmó el líder de La Cámpora al referirse a las próximas elecciones presidenciales.
En el mismo acto, también lanzó críticas hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof por no haber visitado a Cristina Kirchner en el departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. “Queremos tener una candidata y no candidatos por default”, reclamó.
Sin embargo, dentro del peronismo también existen sectores que, pese a considerar injusta la condena, entienden que ya no quedan herramientas legales para revertirla. Una de las voces que expresó esa postura fue la senadora jujeña Carolina Moisés.
“Cualquier peronista que haga el razonamiento de que hay que liberar a Cristina para que sea candidata, está en Disney. Dejen de decirlo. Es imposible. Nadie va a liberar a Cristina”, sostuvo durante una entrevista con el canal de streaming Gelatina.
La legisladora también consideró que una eventual promesa de indulto no representaría una ventaja electoral para ningún candidato. “No lo van a votar”, advirtió.
Reforma
Más allá de la discusión política, Lorenzetti aprovechó la entrevista para insistir en la necesidad de reformar el sistema de concursos destinado a la selección de magistrados. En ese sentido, alertó sobre la creciente injerencia de intereses políticos en los procesos de designación y cuestionó prácticas que, a su criterio, afectan la transparencia.
Según planteó, la problemática ya no se limita a la Justicia federal, sino que también se replica en distintas provincias. “Tienen la idea de que lo mejor que se puede hacer es pasar a un amigo/a al Poder Judicial”, criticó.
Aunque reconoció el rol que la política cumple en el funcionamiento institucional, sostuvo que los concursos deben respetar criterios objetivos y meritocráticos. “Cuando hay concursos y son manipulados, cuando el candidato tiene que tener un padrino y recorrer distintos sectores para que lo apoyen, eso no está bien; tienen que respetar el concurso, el respeto al mérito”, afirmó.
Para el juez de la Corte, la independencia judicial es un valor que debe preservarse, ya que la ciudadanía espera contar con magistrados “que sean imparciales, no claudicantes”. En esa línea, destacó que la formación académica y la trayectoria profesional deben ser factores decisivos en la selección de jueces.
Esa visión quedó plasmada en el Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados, presentado a fines de marzo por Lorenzetti junto a Carlos Rosenkrantz. La iniciativa, impulsada en el marco de una estrategia de modernización institucional encabezada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propone fortalecer la transparencia, la trazabilidad y el criterio de mérito en los procesos de selección.
La propuesta surge en un contexto marcado por la existencia de más de 200 vacantes en la Justicia federal y contempla la incorporación de herramientas tecnológicas para reducir la discrecionalidad en la evaluación de antecedentes y exámenes.
Entre otros puntos, prevé una prueba general compuesta por 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de una base de 2.000 ítems, corregidas de manera automatizada, además de una instancia específica orientada a evaluar razonamiento y resolución de casos. El esquema busca garantizar el anonimato de los postulantes y permitir el seguimiento integral de cada etapa del concurso.
Asimismo, establece un sistema de inscripción digital permanente y la creación de legajos electrónicos individuales. Una vez superadas las pruebas escritas, los seis postulantes con mejor desempeño accederían a una entrevista pública, cuya calificación máxima sería de 20 puntos.
El proyecto recibió el respaldo de instituciones como el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, IDEA y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES). Tras su presentación, la iniciativa quedó bajo análisis del Consejo de la Magistratura.