En el escrito ingresado al cuerpo legislativo, la mujer solicita la destitución inmediata de Jiménez por “inhabilidad moral y técnica” y por “graves incumplimientos en los deberes de su cargo”. Según la denuncia, la actuación del Ministerio Público Fiscal habría sido decisiva en el desenlace del caso.
Acusaciones por negligencia y falta de control
La presentación sostiene que Jiménez es responsable de un “fracaso institucional” al permitir la inoperancia de sus subordinados y omitir el control sobre las causas vinculadas a la joven.
Entre los cargos detallados se mencionan:
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Negligencia en el ejercicio de sus funciones.
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Incumplimiento reiterado de sus obligaciones.
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Parcialidad manifiesta y falta de independencia.
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Falta de supervisión de los fiscales y áreas a su cargo, especialmente la Fiscalía de Decisión Temprana.
La madre de Karla afirma que su hija fue “silenciada por la inacción del Ministerio Público Fiscal”, y que el titular del organismo permitió decisiones que terminaron dejando a la joven sin protección estatal.
Denuncias ignoradas desde 2022
Según la documentación presentada, Karla Robles denunció a Zerda varias veces desde 2022, aportando pruebas de:
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Acoso sistemático.
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Amenazas y riesgo de vida.
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Violación de medidas judiciales.
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Lesiones y hostigamiento.
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Instigación al suicidio.
A pesar de esto, la denunciante asegura que las causas fueron archivadas de manera sistemática, que “las pruebas se perdieron” y que nunca se aplicaron medidas efectivas de protección. Afirma además que Zerda violó perímetros de restricción sin que se ordenara su detención.
La madre sostiene que la trágica transmisión en vivo realizada por Karla antes de morir fue “un último, desesperado acto de justicia”, ante la falta de respuesta estatal.
Exigen avanzar con la investigación política
La presentación solicita que la Comisión de Juicio Político estudie de inmediato el caso, habilite la etapa probatoria y eleve la acusación al Tribunal de la Legislatura.
El objetivo: que Jiménez sea declarado culpable de las faltas graves que se le atribuyen, destituido del cargo y considerado “incapaz de ocupar puestos de honor o a sueldo de la Provincia”.
El pedido promete generar un fuerte impacto político e institucional, en medio de un clima de creciente cuestionamiento sobre el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y la atención de denuncias por violencia de género en Tucumán.