El gobierno argentino acudió este martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar la explotación petrolera que impulsa el Reino Unido en aguas cercanas a las Islas Malvinas. La presentación solicita medidas provisionales para impedir que avance el desarrollo de Sea Lion, un millonario proyecto de extracción de hidrocarburos que las empresas involucradas prevén poner en producción en 2028.
La decisión fue anunciada oficialmente por la Presidencia de la Nación a través de un comunicado firmado por Javier Milei. El planteo busca que el tribunal, con sede en Hamburgo, Alemania, intervenga de manera urgente mientras se constituye un tribunal arbitral que deberá analizar la controversia.
El gobierno nacional considera que las actividades petroleras fueron autorizadas unilateralmente por el Reino Unido sobre una plataforma continental cuya soberanía reivindica la Argentina y que su avance podría agravar el conflicto territorial que mantienen ambos países.
“La solicitud presentada ante el Tribunal del Mar busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”, señaló el comunicado presidencial.
La presentación no implica que el proyecto petrolero quede automáticamente suspendido. El tribunal deberá analizar la solicitud argentina y determinar si corresponde adoptar medidas preventivas mientras continúa el procedimiento arbitral.
Un proyecto millonario
El emprendimiento que originó el nuevo conflicto se denomina Sea Lion y está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros de las islas.
Su desarrollo está a cargo de Navitas Petroleum, una compañía israelí que posee el 65% del proyecto, y Rockhopper Exploration, de origen británico, que controla el 35% restante.
El yacimiento fue descubierto en 2010, pero su explotación comercial quedó demorada durante años. A fines de 2025, las empresas resolvieron avanzar con las inversiones necesarias para comenzar a producir petróleo.
De acuerdo con los planes anunciados por las compañías, las perforaciones de desarrollo comenzarán en 2027 y la producción comercial está prevista para el primer trimestre de 2028.
Las inversiones continúan a pesar de los cuestionamientos argentinos. Rockhopper anunció recientemente un compromiso de 44 millones de dólares para participar en la sociedad vinculada con una de las instalaciones flotantes que se utilizarán en el proyecto.
La presentación de este martes es la continuación de una estrategia iniciada el 28 de septiembre, cuando Milei anunció que Argentina recurriría a un arbitraje internacional para intentar impedir la explotación del yacimiento.
En aquella oportunidad, el Gobierno otorgó al Reino Unido un plazo de dos semanas para detener las actividades vinculadas con Sea Lion. El ultimátum venció el lunes 12 de octubre sin que Londres aceptara el reclamo argentino.
El Reino Unido sostiene que las autorizaciones petroleras concedidas por las autoridades de las islas se ajustan al marco legal aplicable y al derecho internacional. Argentina, en cambio, considera que se trata de decisiones unilaterales sobre recursos naturales de un territorio cuya soberanía continúa en disputa.
El nuevo pedido se fundamenta específicamente en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Esa disposición permite solicitar medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral que deberá resolver el conflicto de fondo, siempre que existan razones de urgencia para preservar los derechos de las partes o evitar daños graves al medio marino.
Si el Tribunal del Mar acepta el planteo argentino y ordena medidas provisionales, estas serán obligatorias para las partes. Sin embargo, todavía no se anunciaron fechas para las audiencias ni para una eventual resolución.
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