El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegó este miércoles al Congreso con un informe de gestión bajo el brazo y con un foco político inevitable: las preguntas de la oposición sobre su patrimonio, sus viajes personales, los gastos de las comitivas oficiales y su relación con el periodista Marcelo Grandio, investigado en una causa judicial que también involucra al funcionario nacional.
Antes de su exposición en la Cámara de Diputados, el Gobierno remitió por escrito 2.151 respuestas a los bloques parlamentarios. Dentro de ese extenso documento aparecen contestaciones vinculadas con los cuestionamientos que se acumularon en las últimas semanas alrededor de Adorni, en especial después de que avanzaran denuncias por presunto enriquecimiento ilícito debido a su rápido crecimiento patrimonial en los últimos dos años y por un viaje a Punta del Este que está bajo la lupa judicial.
Una de las consultas apuntó al viaje que el jefe de Gabinete realizó a Uruguay durante el fin de semana de carnaval. Legisladores de Provincias Unidas preguntaron si ese traslado había sido registrado en agendas oficiales, quién lo había financiado, qué empresa lo operó, si existían facturas, comprobantes de pago, manifiestos de vuelo y si había sido informado ante la Oficina Anticorrupción.
La respuesta fue que el Estado nacional “no registra ningún pago de costos” por viajes personales del jefe de Gabinete. Además, sostuvo que no correspondía inscribir ese traslado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros porque, según la interpretación oficial, esa obligación rige para viajes vinculados con conferencias, cursos o actividades académicas o culturales.
En el mismo tramo, el Ejecutivo afirmó que Adorni presentó su declaración jurada patrimonial integral y que la Oficina Anticorrupción no detectó conflictos de interés. Sin embargo, la contestación no precisó quién pagó efectivamente el viaje ni si los financiadores tenían o no vínculos contractuales con el Estado.
Ese punto es parte de la investigación que tramita en la Justicia federal. En la causa intervienen el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Según surge de la documentación incorporada al expediente, el vuelo habría sido pagado por Marcelo Grandio, a través de su productora Imhouse, que a su vez tenía contratos con la TV Pública.
Otro bloque de preguntas se concentró en la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. La respuesta oficial remitió a la declaración jurada pública disponible en el portal oficial de datos y señaló que los bienes de la cónyuge figuran en un anexo reservado, de carácter confidencial.
La declaración jurada pública corresponde al período 2024. Allí aparecen dos inmuebles: un departamento en Parque Chacabuco, compartido en partes iguales con su esposa, y otro en La Plata recibido como donación familiar. No figuran, en cambio, operaciones posteriores como la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares ni una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, inscripta a nombre de Angeletti. El plazo para presentar la declaración jurada correspondiente a 2025 vence el 31 de julio.
La oposición también preguntó por el vínculo entre Adorni y Marcelo Grandio. En ese caso, la respuesta oficial fue que “el señor Marcelo Grandío no fue contratado por RTA S.A.U.”, en referencia a Radio y Televisión Argentina. La precisión, sin embargo, se apoya en una distinción formal: Grandio no habría sido contratado como persona física, pero su productora Imhouse sí firmó acuerdos con la TV Pública para distintos programas.
Según la información incorporada a la causa judicial, esos contratos incluyeron coproducciones para ciclos televisivos en los que el Estado aportó infraestructura, estudios, escenografía, equipos técnicos y personal. La Justicia también investiga transferencias realizadas por la productora de Grandio a cuentas vinculadas con Adorni antes de la llegada del gobierno libertario al poder.
Otro punto sensible del informe fue el detalle de los viajes internacionales del presidente Javier Milei y de las comitivas oficiales. La respuesta del Gobierno consignó trece viajes entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, con un gasto total declarado superior a los 425 millones de pesos. El traslado más costoso fue a Nueva York, para la Asamblea General de Naciones Unidas, con más de 115 millones de pesos. También se informaron gastos por giras a Miami, Nueva York, Santiago de Chile y Davos.
En uno de esos viajes aparece mencionada Bettina Angeletti, esposa de Adorni, como “invitada” dentro de la comitiva presidencial. El informe no desagrega cuánto del gasto total correspondió a su participación en el viaje.
Además, cuando se consultó por los viajes personales del propio jefe de Gabinete, el Ejecutivo respondió que el Estado nacional no guarda registro sobre destinos, fechas, duración ni carácter de vuelos privados realizados por sus funcionarios.
La oposición también quiso saber por qué Adorni no había presentado una nueva declaración jurada patrimonial al asumir como jefe de Gabinete, cargo que ocupa desde noviembre de 2025. La respuesta oficial fue que aún no venció el plazo para la presentación de la última declaración jurada y que será en ese momento cuando se detalle el patrimonio integral del funcionario. Esa contestación fue cuestionada porque la presentación anual ordinaria vence el 31 de julio, pero la normativa también exige actualizaciones cuando un funcionario cambia de cargo.
Por último, el informe incluyó una consulta sobre +BE, la consultora de Bettina Angeletti. Legisladores pidieron conocer si esa firma tuvo contratos o vínculos comerciales con el Estado, organismos descentralizados o empresas con participación estatal. La respuesta del Gobierno se limitó a señalar que la Oficina Nacional de Contrataciones no registra contrataciones de +BE con el Estado nacional.
La contestación deja afuera una zona que también forma parte de las preguntas opositoras: los eventuales vínculos con empresas que no integran formalmente la administración pública nacional, pero que tienen participación o control estatal.
Así, el informe escrito que Adorni llevó al Congreso buscó cerrar administrativamente las preguntas de los diputados, pero dejó varios frentes abiertos. Sobre todo, porque buena parte de las respuestas se apoyan en distinciones formales —persona física o productora, Estado nacional o empresas con participación estatal, viaje oficial o viaje personal— que no necesariamente despejan el fondo político y judicial de los cuestionamientos.
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