Una nueva línea de investigación se abrió en torno a la causa por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán. Tres integrantes del denominado clan Caro, que se encuentran detenidos en el penal de Villa Urquiza, fueron acusados de haber extorsionado a otro de los procesados en el expediente para evitar que sufriera represalias mientras permaneciera alojado en prisión.
La presunta víctima es Marcos Nacif, señalado por la Justicia como el conductor de la Toyota Hilux en la que era transportado el millonario cargamento de droga. Según la denuncia, a través de sus hijos habría recibido las exigencias de los hermanos Walter, Emanuel y Marcos Caro, quienes le habrían reclamado 25.000 dólares y una camioneta Renault Oroch.
De acuerdo con la investigación, los acusados habrían utilizado su situación dentro del establecimiento penitenciario para ejercer presión sobre Nacif. La condición planteada habría sido el pago del dinero y la entrega del vehículo a cambio de evitar posibles ataques o represalias durante su permanencia en la cárcel. La Justicia busca ahora determinar cómo se concretaban las comunicaciones y qué otras personas podrían haber intervenido.
Allanaron una celda y secuestraron celulares
A partir de la denuncia, la Justicia ordenó una medida dentro del penal de Villa Urquiza. El procedimiento se concentró en una celda que, según la información publicada, era considerada una dependencia de condiciones privilegiadas, donde fueron secuestrados teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
El análisis de los dispositivos será clave para los investigadores, ya que se buscará establecer si desde esos teléfonos se realizaron las comunicaciones utilizadas para amenazar o extorsionar a Nacif. También se intentará determinar si existieron cómplices fuera del establecimiento penitenciario y quiénes serían los destinatarios del dinero y del vehículo reclamados.
La nueva denuncia se suma a una causa de gran relevancia para la Justicia Federal tucumana, que intenta determinar quién era el verdadero propietario y proveedor de los 470 kilos de cocaína secuestrados y cuál era el alcance de la organización que habría participado del traslado del cargamento. La investigación principal continúa con varios detenidos y distintas líneas abiertas.
El caso vuelve a poner el foco en la capacidad de determinados grupos delictivos para mantener vínculos y ejercer presiones incluso desde establecimientos penitenciarios. Mientras avanzan las pericias sobre los celulares, la Justicia deberá establecer si las acusaciones por extorsión pueden ser acreditadas y qué relación tienen los hechos denunciados con la estructura investigada por el cargamento de cocaína.
Fuente Los Primeros
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