El adolescente de 17 años que desató el pánico tras llevar un revólver a la escuela recuperó su libertad. La decisión fue tomada por una jueza de Impugnación, quien revocó la prisión preventiva de 59 días que le había dictado previamente una magistrada de Niños, Niñas y Adolescentes. Aunque el menor regresó a su casa, continuará procesado en la causa y deberá cumplir una serie de medidas impuestas por la Justicia.
El hallazgo y la insólita excusa
El alarmante episodio ocurrió el pasado 7 de abril en la escuela El Salvador. Según explicó la auxiliar fiscal Jimena Castro, todo se descubrió cuando a un compañero del acusado se le cayeron unas balas al intentar sacar un objeto de su bolsillo. El testigo alertó a las autoridades escolares, quienes dieron aviso inmediato a la Policía.
Los uniformados lograron quitarle un revólver calibre 38 y seis cartuchos (que no estaban colocados) sin que se registraran incidentes. Las pericias posteriores confirmaron lo peor: el arma era operativa y las balas estaban en perfectas condiciones. Por ello, fue acusado de tenencia de arma de guerra.
“Esa arma no es mía, me la encontré y la llevé para mostrarles a mis compañeros”, habría declarado el joven por recomendación de su defensa. Su padre, por otro lado, argumentó que el revólver se lo había dado un amigo para que se lo “cuidara” y que su hijo lo tomó sin permiso.
El perfil: changarín desde los 12 años y sin antecedentes
El informe del Centro de Admisión y Derivación (CAD) trazó un perfil particular del menor. Los profesionales destacaron que no tiene antecedentes penales, no presenta problemas de adicciones y trabaja desde los 12 años como changarín en el Mercofrut, asumiendo responsabilidades y conductas de un adulto. Su entorno familiar, radicado en el barrio Autopista Sur, está compuesto por trabajadores que no perciben planes sociales. Por esto, los expertos recomendaron atención psicológica adecuada a su situación.
Tras ser derivado inicialmente al Instituto Cura Brochero (en el penal de Benjamín Paz) por decisión de la jueza Elizabeth Raddi, la defensa apeló. En una audiencia a puertas cerradas, la jueza Laura Casas escuchó a especialistas de la Comisión Nacional contra la Tortura y de la Dinaf, quienes consideraron que la privación de libertad era “excesiva”. Así, dispuso su liberación bajo vigilancia de sus padres y el seguimiento de una comisión multidisciplinaria del Ministerio de Educación.
Fuente La Gaceta
Noticias relacionadas