Con el paso de las horas van surgiendo nuevos detalles de un caso que tuvo trascendencia nacional. El expediente que se abrió para investigar a Gustavo Beltrán, ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), por haber utilizado a condenados y a policías para realizar trabajos de albañilería en su casa de El Cadillal, está bien encaminado. Lo más importante es que, de a poco, va quedando al descubierto una compleja trama que tiene, entre otros ingredientes, complicidades, traiciones y misterio sobre qué sucederá cuando avance la pesquisa. Sólo hay una certeza: nada será igual.
1- La teoría del caso
La fiscala Mariana Rivadeneira sostiene que Beltrán habría ideado todo un plan para que presos condenados por abusos sexuales, y policías destinados a su jurisdicción, realicen trabajos de albañilería en una casa de fin de semana que tiene en El Cadillal. También habría utilizado los recursos de la fuerza para cometer ese fin, por ejemplo, habría ordenado trasladar a los obreros en móviles policiales.
Para llevar adelante esa tarea podría haber puesto en práctica un complejo sistema para evitar ser descubierto. Según los investigadores, el comisario lo hizo con la complicidad de otros funcionarios. “Semejante grado de impunidad no se podría haber logrado sin la complicidad de otras personas”, fue uno de las frases más duras que emitió Rivadeneira, durante la audiencia de formulación de cargos.
2- Un sistema bien aceitado
Según la acusación, en septiembre, los presos y policías comenzaron a trabajar en la vivienda del funcionario. Los presos José Daniel Sarapura (46), Lorenzo Miguel Romano (47) y Juan José Santillan (53), todos condenados y alojados en la comisaría de Chuscha, y Miguel Adolfo Navarro (62), también penado que ocupaba un calabozo en la dependencia policial de Yerba Buena, eran retirados sin autorización judicial de los arrestos que ocupaban.
De allí, de acuerdo a los datos que surgieron de la incipiente pesquisa, eran trasladados a la base del cuerpo de Infantería de la URN, ubicada en Tafí Viejo. Habrían permanecido en ese lugar de lunes a viernes para que trabajaran en la casa de Beltrán. Los fines de semanas regresaban a los lugares donde deberían haber estado alojados.
Todos los presos, desde hace bastante tiempo, habían sido condenados, pero por una supuesta falta de cupo, no fueron trasladados al penal de Villa Urquiza o al de Benjamín Paz. Los investigadores sospechan que no habrían recibido pago por la tarea que desarrollaban. En cambio, habrían aceptado realizar esa tarea para evitar ser llevados a las unidades penitenciarias y gozar de un régimen de semilibertad anticipado.
Fuentes policiales confirmaron que los detenidos que tienen algún tipo de oficio son utilizados para realizar trabajos en las dependencias policiales. Por ejemplo, un electricista puede hacer mejoras en las instalaciones, bajo el control de un uniformado. “Otra cosa es llevarlo a trabajar a una casa”, resumió un ex comisario. “La investigación recién comienza y todavía no hemos podido determinar si fueron víctimas de vejaciones”, aclaró Rivadeneira.
3- La participación de los policías
Los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira prestaban servicio en la URN. El primero, por sus conocimientos de albañilería y de electricidad, era uno de los responsables del mantenimiento de las dependencias policiales. El otro, se desempeñaba como chofer personal de Beltrán. Según trascendió, ambos deberían haber estado cumpliendo servicio cuando fueron aprehendidos. Al parecer, habrían recibido un pago extra por el trabajo que realizaban.
En el debate, Rivadeneira reveló un dato importante: “En nuestra fiscalía se presentaron personas para pedir las herramientas que se secuestraron para poder continuar trabajando. En esa oportunidad nos contaron que, con los presos en móviles policiales, iban a buscar esos elementos”, detalló.
Pero habría otros uniformados implicados, además del ex jefe y de su segundo, Sergio Juárez, que está siendo investigado por no haber denunciado a su superior. En la lista también aparecen tres comisarios inspectores, es decir, personal con rango alto. Fueron pasados a disponibilidad los jefes del Cuerpo de Infantería de la URN (donde se alojaban los condenados), dos jefes de zona (señalados por no haber realizado los controles necesarios del movimiento de los presos), la responsable del personal (pasó por alto lo que hacían Trejo y Teseira) y las encargadas de hacer los trámites administrativos de Beltrán. La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que ya son ocho los efectivos que están siendo investigados.
4- La casa, otro punto polémico
La situación dominial de la casa es otro punto polémico del caso. “Él tiene un boleto de compraventa de la vivienda. Si efectivamente está construida en tierras fiscales, fue engañado por los vendedores”, aseguró Augusto Avellaneda, defensor de Beltrán.
La situación del ex jefe de la URN es similar a la de decenas de personas que adquirieron terrenos en El Cadillal. Por una ley promulgada años atrás, Beltrán tuvo la oportunidad de presentar toda la documentación correspondiente y adquirir, de contado o a través de un plan de pagos, el terreno que ocupaba. Fuentes del Ente Tucumán Turismo y de la Dirección General de Catastro, que tenían a su cargo realizar este trámite, confirmaron que el ex comisario no había accedido a sumarse a esa propuesta.
Pero en la audiencia, Avellaneda confirmó que el comisario no tenía un terreno, sino dos. “Supuestamente, tenían que analizar la casa, pero encontraron a estas personas en el lote vecino”, indicó en el debate. “Esa propiedad también es de él”, reconoció el profesional.
5- Denuncias y malestar
“Vayan ahora. Se los acaban de llevar”. Ese fue el mensaje anónimo que recibió el martes Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad. Con esas palabras, el funcionario, que venía recibiendo desde el viernes denuncias sobre el caso, decidió presentarse en la casa de El Cadillal y descubrir lo que estaba pasando.
“No tenemos dudas de que todo esto fue orquestado para perjudicar a Beltrán y dar un mensaje a toda la plana mayor. El hecho de que Agüero Gamboa haya actuado sin autorización judicial y en un lugar equivocado, ya que se habló de que las personas trabajaban en una casa, pero hicieron el operativo en el lote vecino”, dijo Avellaneda.
El caso también golpeó a toda la plana mayor. Tal como lo había pedido el gobernador Osvaldo Jaldo, todos presentaron el informe. Ahora espera que sean analizados para determinar cuál será su futuro. El lunes podrían comenzar a recibir la respuesta de cuál será su futuro.
Fuente La Gaceta
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