En la mañana de este viernes, efectivos policiales llevaron adelante un allanamiento en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos del transporte público en Tucumán. El procedimiento se concretó a partir de una denuncia presentada por el empresario Sergio Gómez Sansone, titular de las líneas 8 y San Pedro de Colalao.
Según relató el denunciante, el conflicto se remonta al año 2014, cuando comenzó a exigir precisiones sobre cómo se distribuyen los recursos que el Estado destina a la sustentabilidad del sistema. Sin embargo, afirmó que recibió “sistemáticas negativas” por parte de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (AETAP) y de referentes del sector como Daniel Orell y Jorge Berreta.
En su presentación judicial, Gómez Sansone denunció que, en medio de estos reclamos, fue objeto de presiones y extorsiones. Incluso, aseguró que le quitaron una empresa y la línea 131, en lo que interpretó como una maniobra para ejercer control y disciplinamiento dentro del sistema.
El empresario cuestionó además la falta de transparencia en la distribución de los subsidios: “No sabemos cómo se distribuyen los fondos. No hay una muestra clara. Solo te dicen cuánto te corresponde y nada más”, sostuvo. En ese sentido, explicó que la dinámica diaria del servicio —con múltiples urgencias operativas— dificulta a las empresas profundizar en los detalles administrativos.
A partir de la documentación aportada en la causa, la Justicia ordenó el allanamiento que se concretó este viernes. “No estoy contento con el allanamiento, pero sí conforme con que la Justicia actúe para buscar la verdad”, expresó.
Entre los elementos denunciados, también mencionó presuntas irregularidades con cheques emitidos por el sistema. Afirmó haber detectado documentos a nombre de sus empresas que nunca recibió, e incluso un cheque que figuraba como endosado por él sin haberlo firmado. Estos hechos ya forman parte de la investigación judicial.
Por otro lado, rechazó las declaraciones de dirigentes que calificaron su denuncia como falsa y lo tildaron de “mitómano”. “Me sorprende que se burlen del sistema judicial. Yo solo busco que se esclarezca la verdad”, respondió.
En paralelo, confirmó que existen otras causas judiciales en curso vinculadas a hechos de violencia en el sector. Denunció agresiones, daños a unidades y maniobras como la utilización de “miguelitos” para romper neumáticos, lo que —según indicó— podría configurar una asociación ilícita.
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